La diputada nacional Agustina Propato presentó un pedido de informes en el Congreso por la privatización de NASA

Según el decreto, el 44% de las acciones se vendería en bloque mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% se destinaría a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. Actualmente, el Ministerio de Economía concentra el 79% de la compañía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) otro 20% y ENARSA el 1%. Antes de abrir la venta, el Gobierno obligaría a CNEA y ENARSA a transferir sus acciones a la Secretaría de Energía, quedando así todo el paquete bajo control del Palacio de Hacienda.

Lo que diferencia a NA-SA de otras empresas estatales es que no da pérdidas: en el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por $17.234 millones. Con una potencia instalada de 1.763 MW, sus tres centrales aportan el 7,35% de la energía que consume el país, superando a otras tecnologías en estabilidad y factor de capacidad. En ese marco, el interrogante es inevitable: ¿por qué privatizar una compañía estratégica y rentable?

La ofensiva en el Congreso

El pedido de informes ingresado en Diputados exige respuestas sobre 21 puntos: desde las razones económicas y legales de la privatización hasta los posibles conflictos de intereses del titular de la Sindicatura General de la Nación, Alejandro Fabián Díaz, exgerente de Auditoría de la propia NA-SA. Los legisladores también reclaman detalles sobre el despido de gerentes críticos, la creación de nuevas gerencias con salarios elevados, la evolución del personal y las contrataciones directas sin concursos públicos.

Entre las inquietudes centrales figura el futuro del plan nuclear argentino. El documento pide explicaciones por la cancelación de proyectos estratégicos como el reactor de potencia CAREM y las centrales nucleares IV y V previstas en el Plan Estratégico 2021-2030, todavía vigente en papeles. También demanda información sobre el avance de obras claves como la extensión de vida de Atucha I y el sistema de almacenamiento en seco de combustible gastado, vitales para la seguridad operativa.

Una cuestión de soberanía

Para la oposición, la venta parcial de NA-SA no es solo una transacción financiera. “Se está vaciando una empresa clave para la soberanía energética del país”, denunció Propato en los fundamentos del proyecto. Según la diputada, el desguace de la compañía “pone en riesgo el empleo de técnicos especializados y compromete la continuidad del programa nuclear argentino, orgullo de décadas de desarrollo científico e industrial”.

El Gobierno, en cambio, defiende la medida como parte de su estrategia de reducción del Estado y atracción de inversiones privadas en sectores considerados estratégicos. El presidente Javier Milei ya había anticipado en diciembre, durante la visita del director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, que impulsaría un “nuevo programa nuclear” con participación de empresas como Meitner Energy e INVAP, y con la posible incorporación de tecnología extranjera.

Por su parte, fuentes cercana a NASA expresaron a CLV que "el Estado mantiene el porcentaje mayoritario con el control estratégico. En este sentido, las centrales continuarán operando con normalidad y con los máximos estándares de seguridad". A su vez, sostuvieron que "el objetivo es fortalecer capacidades y atraer inversiones".
 

Con información de los colegas de ADN Nacional