“Hay un plan sistemático del gobierno para atacar a todos los que ejercemos la comunicación”

Así lo aseguró Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), durante la presentación del Informe de Libertad de Expresión en Argentina 2025, realizada este martes 2 de diciembre en el Senado de la Nación, ante autoridades de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
“Como representantes de trabajadores y trabajadoras de prensa a lo largo de toda la Argentina venimos a denunciar que este gobierno desplegó, desde hace dos años, un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación, el cual incluye represión, persecución voces críticas y desfinanciamiento de medios públicos. Todo eso se puede ver en el informe de este año”, indicó Gaudensi al referirse al relevamiento elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la FATPREN y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con apoyo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work.

Según el informe, la cantidad de periodistas, fotógrafos y trabajadores de prensa víctimas de la represión durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% en 2025.

“Los datos muestran una tendencia a la criminalización del periodismo crítico y la utilización de figuras legales, como resistencia a la autoridad, para detener y hostigar a quienes documentan y difunden los abusos estatales durante las protestas sociales”, se indica el relevamiento.

Los datos registrados a partir de las denuncias recibidas por SiPreBA y FATPREN -que fueron parte de la reciente exposición ante la CIDH- muestran que a fines de octubre de 2025 hubo un total de 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, cuando fue herido Pablo Grillo, “hubo al menos 20 casos documentados de violencia policial hacia periodistas, incluyendo intoxicaciones por gases, impactos de balas de goma, golpes y vejámenes. Este dato muestra un incremento notable (66%) respecto de los ya alarmantes 50 casos documentados en 2024”, detalla el informe “Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el informe.

Esta segunda edición del informe expone cómo se profundizó una matriz de políticas regresivas que afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo.

La publicación sistematiza casos y datos en diferentes ejes:
*Represión y criminalización: El número de 83 periodistas que denunciaron represión en manifestaciones hasta octubre de 2025, implica un incremento del 66% respecto al 2024. El relevamiento evidencia acciones sistemáticas de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, periodistas, docentes y activistas sociales. Ejemplos significativos, como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, muestran la persistencia de la impunidad y la ausencia de respuesta institucional.

*Censura y hostigamiento judicial: La persecución judicial hacia periodistas, dirigentes, docentes, artistas y ciudadanos se incrementó y la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. Se destaca el primer caso de intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.

*Discursos de estigmatización y ataques digitales: Desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores y activistas críticos del gobierno. El Informe resalta el aumento de la violencia simbólica, con efectos agravados sobre mujeres periodistas, y detalla los casos más relevantes de 2025.

*Desinformación y deepfakes: El año electoral estuvo atravesado por el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afectó el debate público.

*Situación laboral: El informe registra un deterioro en las condiciones laborales en prensa y comunicación, con aumento de la precarización, pérdida de derechos y degradación salarial. El congelamiento de sueldos en medios públicos, la falta de actualización paritaria en medios privados y los despidos masivos agravan la crisis.

*Abandono estatal y vaciamiento: La profundización del vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios, continuaron en 2025. También la drástica reducción en el acceso a la información
pública y la opacidad en el manejo de pauta oficial.

*Vigilancia estatal y ataques a colectivos disidentes: El Poder Ejecutivo avanzó en la legalización de tareas de inteligencia y patrullaje digital para criminalizar la protesta y la expresión crítica en redes sociales. El Informe documenta la persecución a colectivos y referentes culturales, educativos y de derechos humanos.

De la presentación del informe en el Senado participaron la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Diego de Charras; la presidenta la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Laines; el director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Diego Morales; el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), Sebastián Vricella; la secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Maia Volcovinsky; y el senador Mariano Recalde, entre más representantes de organizaciones políticas, sindicales, profesionales, académicas y derechos humanos.