Trabajar y morir en pandemia

Cuando se registraron los primeros casos de Covid 19 en el país y ya se hablaba de los peligros de su transmisión, también se determinaron cuales eran los grupos de riesgo que debían tener mayores cuidados ante la pandemia que llegaría al país.

Durante esos días los ámbitos laborales fueron espacios de discusiones. Sin preparaciones ni infraestructura, muchos trabajadores debieron acomodarse a la modalidad de teletrabajo. Esto generó que muchos empleadores tuvieran que aceptar -a regañadientes- lo dispuesto por el gobierno nacional y se desentendieran de ciertas condiciones laborales: horarios que ya no se respetaron, desgaste de herramientas de trabajo (computadoras, celulares), falta de espacio propicio para el desarrollo laboral y el mantenimiento por parte de lo empleados de servicios esenciales para el desarrollo de sus tareas, como electricidad e internet, entre otros.

Las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que establecían la suspensión de la concurrencia a los lugares de trabajo, establecieron como grupos de riesgo a trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, trabajadoras embarazadas, y a aquellas personas que presenten enfermedades respiratorias crónica como enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo; enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; inmunodeficiencias; y diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis.

El caso de Gisela Sanchez, en la localidad jujeña de San Pedro enciende las alarmas sobre la falta de protección de los derechos laborales en las actuales circunstancias. La joven de 34 años -trabajadora social y militante radical- había sido dispensada de su trabajo en la municipalidad sanpedrina a cargo del intendente Julio Cesar Bravo, pero luego del paso de la etapa de ASPO a DISPO, la mujer debió volver a su trabajo donde contrajo Covid 19 y finalmente murió.

Gisela era paciente de riesgo. Padecía asma y artritis reumatoidea. Hace poco más de 5 años ingresó a trabajar en la Municipalidad de San Pedro, pero al estallar la pandemia solicitó la licencia correspondiente. El permiso le fue otorgado (porque así lo indica la normativa vigente), pero cuando la cuarentena comenzó a aligerar sus restricciones y se empezó a generar una apertura a distintas actividades, la joven recibió un llamado del área de Recursos Humanos que la instaba a volver a su trabajo mediante la modalidad presencial.

Es importante hacer hincapié en esto último, pues Gisela nunca abandonó sus labores, sino que continuó sus tareas a través del home office.

El temor de perder el trabajo en medio de una pandemia, donde todo se vuelve una brutal incertidumbre, llevó a que Gisela firmara un documento (por iniciativa de sus empleadores) en el que asumía la responsabilidad de regresar a sus labores en el Mercado de Artes y Oficios, dependiente del área de Cultura de esa municipalidad. Oportunamente, la joven había presentado su certificado de discapacidad, así como también otros certificados médicos que daban cuenta de su vulnerable estado de salud ante la situación epidemiológica que vive el país. 

El pasado 19 de noviembre Gisela regresó de su trabajo -al que concurría en moto para evitar los riesgos del transporte público- con dolores de cabeza y tos. Algo no muy diferente a los ataques de asma que ya había sufrido en su vida. 

Al dia siguiente volvió a trabajar, pero ese fin de semana su cuadro se complicó. El lunes 23 decidió acudir a la guardia del Sanatorio “Santa María” de San Pedro, porque ya presentaba severas dificultades para respirar. Allí, los profesionales médicos la examinaron, le hicieron radiografías, una tomografía y el hisopado que establece el protocolo Covid 19. En las horas que duró el procedimiento para conocer el resultado, Gisela comenzó a experimentar fiebre y problemas en sus pulmones; 48 horas después el hisopado confirmó el diagnóstico positivo.

Durante las semanas siguientes Gisela luchó por sobreponerse a las terribles consecuencias del coronavirus. En la madrugada del 25 de diciembre, la mujer -madre de un adolescente de 15 años-, finalmente murió en el sanatorio donde se encontraba internada.

Sandra Sánchez, madre de la joven, presentó una denuncia en la Comisaría 35 de San Pedro días más tarde, donde acusa a la Municipalidad de esa localidad por abandono de persona, al desoír la condición clínica de la joven. De hecho, en su misma área de trabajo, otras dos personas se habían contagiado de Covid 19 antes de conocerse el caso de Gisela. Tras la denuncia, se abrió un expediente judicial cuya investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Nro. 12 de esa ciudad.

"Mi hija era medicada cada 6 meses con una droga especial por sus huesos. Esto no puede seguir pasando, no puede seguir muriendo gente, no pueden seguir muriendo nuestros hijos por culpa de esta gente", dijo a medios de prensa Sandra Sánchez quien dijo que tambien hay otros casos similares al de su hija, a la vez que agregó que durante el padecimiento de su hija "no apareció ningun funcionario".