Justicia

04 de Abril de 2021

Las víctimas tienen una ley que reconoce sus derechos

En enero de este año, la Legislatura Bonaerense aprobó la Ley de Víctimas que otorga un paquete de derechos conquistados en el marco de un proceso penal. La normativa, elaborada e impulsada por familiares en un trabajo que llevó mas de siete años, contempla varios aspectos y representa un logro histórico en la Provincia.

Claudia Monzón (madre de Jorge Monzón), Victoria Cristaldo (madre de Rocío Juárez) y Gustavo Melmann (padre de Natalia Melmann)

/ Por Damián Duarte - Periodista

Una discusión recurrente en materia de Justicia siempre se presenta al analizar el lugar que ocupan las víctimas y sus familiares luego de sufrir algún tipo de delito. Las características que presenta el Estado democrático en Argentina activan una serie de resortes que tienden -con sus aciertos y deficiencias- a realizar un abordaje sobre los imputados o autores de un determinado hecho a traves de contención psicológica, defensoría oficial, entre otros aspectos, mientras que las víctimas quedan relegadas a cierto estado de vulnerabilidad frente al desarrollo de un proceso penal.

En la provincia de Buenos Aires esto fue así hasta principios de este año, cuando la legislatura bonaerense aprobó la Ley 15.232 -también conocida como Ley de Víctimas- que, para ser contundentes en su explicación, citaremos su primer artículo: “La presente Ley garantizará y asegurará a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.

Esta ley no solo aporta una dimensión simbólica a la construcción de la figura de la víctima, sino que resuelve una serie de conflictos que la legislación bonaerense (hasta este año) ni siquiera contemplaba. 

Con la idea de ampliar los detalles sobre el alcance de esta normativa, hablamos con Ines Casse, dueña de una amplia trayectoria en materia de asistencia a la víctima que formó parte de la autoría del texto de la ley y su gestión hasta la aprobación el 18 de enero pasado.

Las conversaciones que desembocaron en la Ley de Víctimas comenzaron en 2013, cuando un grupo de madres, padres y familiares de todo el territorio bonaerense se preguntaron porqué el victimario accede a una defensa automática y la víctima queda fuera de todo proceso, como si molestara. Además de Inés (madre de Juan Manuel Bordenave, víctima de la violencia institucional de la Policía Bonaerense), en ese grupo confluyeron otras historias como la de Karina Muñoz (madre de Brenda Muñoz), Walter Miralles (padre de Santiago Miralles), Gustavo Melmann (padre de Natalia Melmann), Maria Inés Daverio (madre de Matías Berardi), entre otros. 

Por aquellos días, el grupo se reunía en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, un lugar intermedio para quienes venían de distintos sitios de la provincia. En ese momento, lo único que tenían era su propia experiencia palmaria, un bosquejo de lo que años más tarde sería una ley y una enorme voluntad para que sus trágicas historias sean la semilla de una reparación.

“No estabamos nucleados en ninguna agrupación, era el reclamo que teníamos las personas y familiares que eran referentes sociales por la situación que habían vivido. Esta ley no es de nadie, no tiene firma. Es un trabajo colectivo”, cuenta Ines Casse y agrega: “Veíamos que el victimario recobraba la libertad y la familia de la víctima se lo encontraba en el supermercado o esperando el colectivo. Entonces lo que queríamos era que la víctima sea incluida en la IPP (Investigación Penal Preparatoria), que sea parte y sea notificada de cada decisión del juez o los fiscales, que tenga voz dentro de cada proceso penal”. 

En este aspecto, un aporte sustancial de la ley se establece en el artículo 20, que señala que el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, “establecerán por convenio las pautas para acceder al patrocinio y demás estipulaciones referidas al cobro de los honorarios regulados”; es decir, que además de su derecho a estar informada y ser asistida, la víctima podrá contar con un patrocinio legal gratuito para enfrentar el proceso, pero además también se podrá presentar como particular damnificado y acceder al expediente, aún sin contar con un abogado que la represente. 

En ese sentido, Inés puntualiza en este derecho adquirido que abre la puerta a la necesidad de generar dispositivos de acceso a la información, ya que las víctimas suelen enfrentarse al desconocimiento de lo que es una IPP, cual es el camino de una denuncia, donde denunciar, como se debe seguir el proceso, que hacer, cual es la función de la policía, entre otros interrogantes.

“La gente marcha porque el dolor es tan grande que hay que sociabilizarlo”

El 8 de septiembre de 1990 en Catamarca, Maria Soledad Morales de 18 años, era violada y asesinada en un caso que no solo tuvo un gran alcance mediático, sino que marcó un hito en la historia del país, al comprobarse la participación activa que tuvieron los hijos del poder de la dinastía feudal de los Saadi. Maria Soledad, era graduada de un colegio católico dirigido por la monja carmelita misionera teresiana Martha Pelloni, y fue la propia monja la que -de alguna manera- inició las prácticas de las “marchas del silencio”, con más de 80 movilizaciones que llegaron a reunir a más de 30 mil personas. 

Después de eso, esa metodología de protesta comenzó a implementarse con mayor frecuencia por parte de víctimas y familiares, con un componente performativo que busca interpelar a las autoridades y generar un hecho político y social que amplifique el reclamo, en este caso, en pedido de Justicia. Pero también, advierte Inés, la protesta reviste otra expresión, singular y humanista.

¿Qué ocurre cuando cuando los vecinos se manifiestan frente a un simbolo del poder, como son las municipalidades o las casas de gobierno? 

"Mi teoría es que cuando uno tiene un problema, va a la casa de sus viejos o con la persona de mayor autoridad en su familia, o a sus referentes. Cuando la gente marcha, es porque el dolor es tan grande que hay que sociabilizarlo, hay que mostrarlo, es parte del proceso de sanación. Cuando digo que van a golpear la puerta de la casa grande, los funcionarios deben atender a las familias, porque le van a pedir ayuda, no es en contra de ellos. Cuando no los atendés, se los desprecia como persona y ahí entra la marcha con más bronca”, explica.

Después de un hecho trágico una reparación completa es imposible; pero aún así, hay gestos, acciones que aportan en ese camino y uno de ellos fue el proyecto que Inés presentó para que el Pasaje Chaco (donde fue abandonada Rocío Juárez en estado agonizante) pase a llamarse Las Mariposas. 

En esta línea, también agrega que resulta indispensable que el abordaje se complemente con una asistencia psicológica que ayude a las víctimas y familiares a llevar adelante un proceso de sanación. Sobre todo, porque los senderos que presenta la Justicia son, muchas veces, tortuosos y extensos y no se agotan con la detención de un acusado, ni con su juzgamiento. 

“Cuando hay una tragedia en una familia, también se destapan cosas viejas que estaban sin resolver. Es necesario que haya una contención, por eso hace falta trabajar en un buen convenio con el Colegio de Psicólogos, para que sea realmente integral el abordaje. Una víctima necesita realmente entender qué pasó, porqué pasó y que viene después. La vida continúa, porque hay otros hijos, por uno mismo. Y si yo no estoy bien y no sano esta gran perdida en mi vida, puedo transmitirle malos valores, odios, cosas negativas a nuestros hijos”, concluye.

 


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