La mayor multa ambiental de la Argentina es para los agrotóxicos: un knock out para el agronegocio

/ Por Magalí Corujo

Bayer, Syngenta, Dupont. Por allá también se escucha el nombre de Monsanto a lo lejos. Porque si es Bayer, es Monsanto. Y si es Bayer, NO es bueno.

El punto es que antes de comenzar a contarles lo sucedido con esta multa que alcanza los 783 millones de pesos para 26 empresas, entre las que se encuentran las anteriormente nombradas, les propongo un ejercicio para entender de qué estamos hablando y poder empaparnos de su importancia.

Unos cinco minutos les bastará para ir al buscador que todos conocemos y “googlear” la palabra AGROTÓXICOS. En el apartado “noticias”, aparecerán algunos de los siguientes titulares:

“Carta de una enfermera a una nena que murió por agrotóxicos”

“La Sociedad Rural de Rafaela inició una campaña a favor de los agrotóxicos”

“Agrotóxicos: ¿la causa de la impactante mortandad de peces en la Laguna Gómez?”

“Un fallo judicial ordenó indemnizar a una maestra rural afectada por agrotóxicos”

¿Continúo? Porque les puedo asegurar que puedo seguir y seguir, y los titulares serán casi siempre los mismos, porque los escenarios continúan siendo los mismos: los mismos actores sociales: los dueños de las grandes empresas, terratenientes, proletariado, peones rurales enfermos, soberanía alimentaria en peligro, muerte y contaminación y un pueblo que no es escuchado. Un combo perfecto para algún que otro documental de Netflix y también por qué no, un combo perfecto para contar la realidad.

Esto en nuestro país es moneda corriente. Esto pasa frente a nuestras narices. Lo escuchamos, lo leemos, lo respiramos, nos contaminamos y lo normalizamos. Como normaliza el argentino tantas cosas que no tendrían que suceder, pero suceden.

Y es así como hoy en día está a la vista la dependencia de semillas por parte de los pequeños productores, quienes no pueden bajarse de este engranaje que es el agronegocio: más agrotóxicos, más transgenie aplicada a las especies en forma extensiva, menos información con respecto a la disposición final de los envases de estos agroquímicos y algunas irregularidades en la normativa; hacen de este circo una función perfecta.

Pero esto, aunque de forma paulatina, está comenzando a cambiar.

En esta oportunidad, desde el gobierno de la Provincia, se multó a 26 empresas (entre ellas Bayer y Syngenta) por la violación a la normativa promulgada en el 2016 (la Ley 27729), la cual establece la responsabilidad de gestión (recolección y tratamiento final) de los envases de agrotóxicos. Bajo esta normativa, son las empresas quienes deben establecer en sus sistemas de gestión integrales la correcta manipulación de este tipo de plásticos, para luego ser aprobados por el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable).

Según Juan Brardinelli, director ejecutivo de la autoridad ambiental de la Provincia, “es la multa ambiental más grande que se haya impuesto en Argentina”; y esto no es poca cosa, si tenemos en cuenta que en este último tiempo desde las diferentes áreas de la Provincia se han impulsado campañas, programas y proyectos que fomentan otros sistemas de producción, más sustentables con el medio y más viables en este aspecto, entendiendo que la protección del recurso suelo es una de las salidas frente a la crisis económica y frente a la pobreza y desigualdad que afronta el país.

En este sentido, podemos citar por ejemplo, el Curso de Facilitadores Agroecológicos de la Provincia, dictado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Programa BPA- Suelos Bonaerenses y la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, precedida por Eduardo Cerdá, Agrónomo facultativo experto en el área, integrante de la RENAMA, principal organización que llevó a Guaminí a instalarse como una de las localidades pioneras en la producción agroecológica a gran escala.

Los grandes defensores de la utilización de agrotóxicos o fitosanitarios tienen un solo discurso: “a mayor producción, mayor cantidad de alimentos en menos tiempo, por consiguiente, menos hambre en el mundo”; (resumido éste a gran escala); pero este discurso afortunadamente, se quiebra y puede escucharse cada vez más cerca el sonido cuando lo hace: ¿A cuántos personas alimentamos con este sistema de producción? ¿Se ha saciado el hambre en el mundo aplicando estas técnicas? ¿Cuántos pequeños productores pueden vivir hoy de lo que ellos mismos producen?

Podemos seguir preguntándonos estas cuestiones y sabemos que algo anda mal. Es evidente que si seguimos produciendo explotando de manera indiscriminada nuestra tierra, ésta algún día dejará de darnos ese sustento y entonces, ¿qué haremos?

Un correcto Sistema de Gestión

Cuando no se gestionan adecuadamente los envases vacíos de agrotóxicos que necesariamente los pequeños productores se ven obligados a utilizar, a expensas de no perder su producción; son enterrados, quemados a cielo abierto, arrojados en basurales destinados a recibir residuos sólidos urbanos o almacenados de forma errónea en algún lugar del mismo campo en el que producen (galpones, habitaciones cerradas, o hasta incluso son dejados al aire libre). En otras ocasiones son vendidos ilegalmente a acopiadores no habilitados, pudiendo terminar en circuitos de reciclados de plásticos comunes, con la consiguiente presencia de AGROTÓXICOS en productos elaborados con reciclados del plástico, tales como vasos, descartables y juguetes para niños.

Y he aquí la evidencia del problema que se extiende y expande: podríamos estar manipulando plástico reciclado con residuos de agrotóxicos; por lo que en principio, las buenas prácticas para la manipulación de la disposición final de estos envases son la puerta de entrada a disminuir estas consecuencias.

Si tenemos en cuenta algunos datos fehacientes, por ejemplo, en el año 2019 hubo más de 70 empresas agroquímicas que comercializaron alrededor de 13 millones de envases de plástico en el sector agropecuario productivo de la provincia, pero apenas el ocho por ciento de estos envases fueron recuperados en 2020.

Si a estos datos le agregamos el hecho de que más de 30 empresas se encuentran en falta puesto que no presentaron la declaración jurada anual indicando la cantidad de envases de agrotóxicos comercializados en el 2019; claramente estamos frente a un problema que se debe solucionar.

El circuito de estos envases es el siguiente: una vez utilizados los mismos, deben pasar por un proceso de triple lavado, perforado y acopiado en los tan famosos CAT (Centro de Almacenamiento Transitorios) o deben ser guardados de manera correcta por los productores hasta que se realice la inspección correspondiente por parte de las autoridades municipales, quienes deberían recoger los mismos de esos sitios donde se encuentran depositados y trasladarlos a los centros de acopio de cercanía.

Seguidamente, los envases deben ser retirados por transportes habilitados para enviarse a las distintas empresas autorizadas que estén destinadas para trabajar con su adecuada disposición final y tratamiento previo. Aquí, los operadores decidirán qué tipo de envases pueden reciclarse y cuáles pasan a tratamiento definitivo.

¿Cuáles son las empresas sancionadas y esos millones a pagar?

Según la nómina divulgada por organismos oficiales, la firma Bayer- Monsanto lidera el ranking de irregularidades (hecho que evidentemente no nos sorprende). Sólo a esta compañía se le aplicó una sanción económica por algo más de 132 millones de pesos.

Seguidamente, podemos encontrar a Syngenta, con una multa de 86, 4 millones y a Atanor, con 81, 9 millones de pesos; y a otras tantas tales como Agrofina S.A, Sigma Agro S.A y Dupont Argentina S.RL.

¿Es este el camino?

Si tenemos en cuenta que por primera vez en mucho tiempo se multó a  grandes empresas generadoras de este engranaje que se alza en contraposición a nuestra soberanía alimentaria y por consiguiente, a la protección y cuidado de nuestros suelos; sin duda alguna que estamos frente a un gran avance en cuanto a acción por parte del Estado frente a este tipo de cuestiones socio-ambientales.

Pero me pregunto, ¿Es este el camino? ¿Sólo con buenas prácticas estamos en lo cierto? Y aquí, se abre un mundo de posibilidades y de debate, que es bienvenido, porque de esto se trata.

En principio, claramente sí. El hecho de saber, conocer y entender la correcta manipulación de los envases vacíos de fitosanitarios y contar con respaldo de los estados provincial y municipal para tal fin, definitivamente nos planta sólidamente frente a estas grandes corporaciones.

Si además tenemos en cuenta que el organismo provincial continuará con el procedimiento para notificar a las más de 200 empresas que aún no acreditan la existencia de un sistema de gestión para estos envases; reafirmamos de manera convincente que estos son los primeros pasos a la salida del agronegocio. A esto se le agregan las cartas documento enviadas a 107 empresas por parte de la OPDS tras haber concluido un cronograma de inspecciones, notificándoles sus incumplimientos.  

Es la primera vez que se notifica y sanciona a empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios en el territorio nacional, ¿acaso no es esta una acción para celebrar? Claramente lo es.

Pero no debemos detenernos aquí, puesto que las multas son sólo una herramienta para palear y contrarrestar el avance de estas empresas contaminantes.

Se deben tratar distintas políticas públicas que analicen la cuestión de fondo: los sistemas de producción de alimentos y que nos inventen a repensar la forma en la que nos alimentamos. Que nos inviten a cuestionarnos cada vez que nos sentamos a la mesa (aquellos quienes tenemos esa suerte al menos); qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, cuántas manos y cuánto trabajo costó ¿cuánto veneno le pusieron?

Este camino tomado por el gobierno nacional me hace pensar que estamos encaminados hacia una transición.

No por algo contamos con la Dirección Nacional de Agroecología, una Dirección sin precedentes en materia de producción de alimentos, que debemos valorar y tener en cuenta para poder empezar a pensar las soluciones con un sustento que priorice nuestra soberanía alimentaria y resguarde nuestros recursos naturales.

Necesitamos empezar a cuestionarnos el modelo agroalimentario hegemónico y eso estamos haciendo.

Ahora bien, días atrás, el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU aprobó las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición, donde se impusieron los intereses de los países agroexportadores y donde los funcionarios argentinos se alinearon con el sector empresario, contrarrestando la acción de la agroecología como principal motor de cambio. Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿cuánto ha cambiado este escenario?

Sabemos que estamos frente a una situación antagónica, y que si bien avanzamos desde distintos sectores de la provincia en pos de prácticas que fomentan y encausan a la agroecología como modelo productivo alternativo y sustentable, aún nos queda mucho por recorrer para poder alzarnos como país hacia la transición agroecológica definitiva y hacia un modelo de producción que actué en concordancia con nuestro ambiente.

Debemos valorar lo hecho hasta el momento y comenzar a entender que en Argentina existen ciertos sectores que sí están queriendo impulsar un modelo de producción de alimentos sustentable, con el arraigo como bandera, el fomento de la agricultura familiar y saberes locales, con la acción del cooperativismo en este marco y con la puesta en marcha de programas que estimulan al pequeño productor a generar verdaderos alimentos sanos; en pos de logar nuestra soberanía alimentaria.