Primer fallo sobre pornovenganza en Argentina

/Por Florencia Maugeri

El caso tomó relevancia nacional, convirtiéndose en el primer fallo sobre lo que actualmente se conoce como "Pornovenganza” o “Sex-extorsión", marcando así un precedente para un delito que hasta hoy tiene media sanción del Congreso.

Pornovenganza es la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información. La característica de esta práctica es que tanto las imágenes como los vídeos que son obtenidos en un encuentro sexual, se utilizan posteriormente como herramienta de extorsión y como una forma de ejercer violencia de género. 

Actualmente esta figura no se encuentra dentro de nuestro Código Penal, sin embargo hay un proyecto de ley en debate que el año pasado consiguió media sanción a través de la aprobación en la cámara alta. La iniciativa de las senadoras Claudia Ledesma Abdala y Silvia Elías de Pérez propone la modificación del articulado del Código Penal, incorporando la pena de prisión y el pago de multas a quien sin autorización de la persona afectada, difundiere, revelare, publicare o enviare a terceros a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, gráfico y/o audiovisual , imágenes, capturas de pantallas, textos, audios, videos o cualquier otro material con contenido erótico y/o sexual de aquella, que hubiera obtenido con su consentimiento o sin él, en el ámbito de la intimidad.

Es importante remarcar que la reforma no sólo robustece el articulado de nuestro Código Penal incorporando nuevos delitos, sino que también se continúa actualizando la normativa a través de la consideraciones del uso de las TICs como herramientas y medios para cometer delitos, así como también figuras penales encuadradas en lo que se denomina "ciber-delitos".  

En la Argentina se viene dando un debate mucho más profundo que la simple -y no tan simple- actualización de leyes en miras del cambio social que producen las nuevas tecnologías, sino que también, y más importante aún está en discusión la problemática de las diferencias de género en los planos legal, judicial e informático.

Ya en 2014, la Universidad de Michigan concluyó que en el 90% de los casos de pornovenganza, el agresor es un hombre. Además registró que cinco de cada diez víctimas admiten haber recibido fuertes insultos en las redes sociales. 

Por su parte, en la Argentina, si bien esta práctica se reconoce mayormente como una forma de violencia psicológica y simbólica, no existen estadísticas oficiales. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (*), juntamente con la Fundación Activismo Feminista Digital, ha presentado un informe ante la Relatoría Especial de violencia hacia las mujeres de la ONU, donde analiza el desarrollo de legislación y de políticas públicas en Argentina en relación a la violencia contra las mujeres en el entorno online.

Según el informe, el 73 % de los casos, las víctimas sufrieron la difusión no consentida de imágenes íntimas. El 46%, fue por parte de ex parejas, e incluyeron situaciones de acoso virtual, amenazas, coacción, extorsión y chantaje previo a la efectiva difusión.

Así, la actualidad nos demuestra la importancia que tiene incluir este tipo de delitos en nuestra normativa interna, especialmente entendiendo que las nuevas tecnologías y los ciberdelitos ya no son una rama aislada del derecho, sino por el contrario son transversales a todo el sistema jurídico, social y económico de un país. 

(*)https://adc.org.ar/informes/estado-la-violencia-online-las-mujeres-argentina/