FACUNDO ASTUDILLO CASTRO: 3 años sin justicia

El 15 de agosto de 2020, en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo, distante poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, fueron encontrados restos humanos. Tras el cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el 2 de septiembre, la jueza federal María Gabriela Marrón le informó a Cristina Castro y a los abogados querellantes que el cuerpo hallado correspondía al de su hijo Facundo Astudillo Castro (22), que permanecía desaparecido desde el 30 de abril.

En esa audiencia virtual participaron, además de la madre, sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, la abogada Margarita Jarque a cargo de la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y Luis Fondebrider, titular del EAAF.

La autopsia determinó que Facundo fue “víctima de una muerte violenta por asfixia, por sumersión”. Luego de eso la causa no avanzó más en todo este tiempo. La jueza Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez, objetados por la querella y el Ministerio Público Fiscal, fueron desplazados por parcialidad manifiesta ya que sostuvieron la tesis del “accidente” y no investigaron la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte del joven.

La querella ha denunciado irregularidades en la investigación judicial, contradicciones e inconsistencias en los relatos de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires vinculados al caso y un protocolo de encubrimiento desplegado por la fuerza.

“Mi vida quedó detenida hace tres años y medio. Con todas las pruebas que tenemos, que al día de hoy no haya ni imputados ni detenidos, significa que la Justicia nos está tomando el pelo. Los jueces y fiscales deberían hacer su trabajo para garantizar justicia y reparación. El Estado debe imputar a los policías responsables por la desaparición y muerte de Facu”, sostuvo Cristina, en una conferencia de prensa realizada este jueves 24 de agosto en la sede de Amnistía Internacional Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

“Desde las agencias internacionales vienen alertando al gobierno por la gravedad de estos casos, el Estado falla en la búsqueda de personas y en desactivar a las fuerzas de seguridad sospechadas”, sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de la ONG. “Argentina sigue mostrando profundas falencias para superar los patrones de impunidad que atraviesan este tipo de casos: por un lado, el Estado es incapaz de garantizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y diligente, que determine el paradero de una persona desaparecida; y por el otro, ha mostrado una incapacidad y falta de voluntad de investigarse a sí mismo, habilitando a que la trama de poder que subyace a estos casos se imponga por sobre la justicia”.

La desaparición
El 30 de abril de 2020, Facundo salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich detenido por circular durante la cuarentena decretada a causa del COVID-19.

Poco después, también fue detenido en el pueblo Teniente Origone. Es lo último que se conoce con certeza hasta que su cuerpo fue hallado por pescadores en una zona pantanosa de la ría del canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo. Estuvo desaparecido 107 días.

El 2 de julio de 2020, Cristina presentó una denuncia ante la Justicia federal para iniciar las investigaciones sobre su paradero y, más adelante, frente a las irregularidades en la investigación y las contradicciones en las declaraciones de los policías, realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada.

En esta instancia, la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentó como querellante institucional y solicitó que se aparte a la policía de la causa.

Dilación y encubrimiento
En diciembre de 2021, la jueza Marrón fue desplazada por la Cámara I de Casación Federal del proceso judicial que investiga la desaparición y muerte de Facundo. La familia y las querellas habían denunciado la parcialidad de la jueza, sus dilaciones y un accionar limitado a confirmar la hipótesis del accidente.

A tres años de la aparición del cuerpo de Facundo, los abogados de la familia destacaron en la conferencia que “no hay más nada que probar. En la causa está claro que a Facundo lo desapareció y asesinó la policía”. Además, señalaron que es necesario avanzar con las imputaciones y que las autoridades de la provincia de Buenos Aires no han hecho nada más que agregar obstáculos en el desarrollo de la resolución del caso.

“La causa está paralizada, en pausa, para desgastarnos. Facundo estuvo desaparecido 107 días y no sufrió un accidente. El análisis de su ropa que apareció en la mochila demostró que las roturas y quemaduras fueron hechas cuando las tenía en su cuerpo, fue torturado”, sostuvo el abogado Peretto.

Por su parte, Margarita Jarque, de la CPM, afirmó que durante la instrucción provincial del caso se sembraron pruebas para encubrir a la policía, hubo hostigamientos y amenazas. También cuestionó el nulo avance en la causa por mal desempeño contra el fiscal Martínez y la jueza Marrón, apartados de la causa.

“Facu sentía que lo tenían marcado: por la forma de vestirse, por rapear, por la visera”, sostuvo su madre. Ella recuerda que era habitual que la policía maniobrara sus camionetas sobre la huerta que Facundo había armado con otros compañeros al lado de la estación.
Amnistía Internacional acompaña a los familiares en su pedido de justicia y reparación y destaca que, a más de tres años de la muerte de Facundo, el Estado es responsable por las demoras, la impericia y la impunidad en la causa.

Fuente:Redacción Canal Abierto