Naudir Delta: La Justicia ante una decisión clave para la conservación de los humedales

El juez Leandro Cappello, provisoriamente a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro 2 de Zárate Campana, debe decidir en los próximos días si mantiene la medida cautelar vigente desde marzo de 2022, que impide la continuidad de las obras del barrio náutico Naudir Delta, de la empresa E2 S.A. La empresa ha solicitado el levantamiento argumentando que las aprobaciones obtenidas de Municipio y Provincia resuelven la cuestión debatida en la causa. Por el contrario, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, entidad actora, sostiene que las aprobaciones obtenidas no constituyen permisos ambientales válidos, y que la medida cautelar debe mantenerse por lo menos hasta que se determine la existencia o no del daño ambiental denunciado.

Naudir Delta es un barrio náutico de 180 hectáreas ubicado en el área de humedales continentales de Escobar, cuyas obras, al momento de ser paralizadas por la Justicia, ya habían destruido 90 hectáreas de ecosistemas de humedales mediante la ejecución de rellenos y excavación de lagunas artificiales.

En la causa ya quedó fehacientemente acreditada la inexistencia de Declaración de Impacto Ambiental (el permiso ambiental requerido antes de iniciar las obras). También se demostró que la empresa presentó un documento falsificado para aparentar que había obtenido tal permiso, hecho por el cual se encuentra penalmente imputado su titular, Adrián Saraco. En la causa han quedado también acreditadas diversas irregularidades en los trámites y procedimientos administrativos relacionados al emprendimiento. Además, la entidad ambientalista sostiene que a lo largo del proceso se han ido consolidando las evidencias sobre los daños ambientales denunciados, incluyendo, entre otros, la destrucción de 180 hectáreas de ecosistemas de humedales.

El Juez Mariano Otero, titular del juzgado, ya había ordenado en abril de 2023 diversas medidas de prueba entre las cuales está la realización de una pericia ambiental por parte del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (III-A-UNSAM- Conicet), con el objeto de determinar la existencia o no del daño ambiental denunciado. En caso de verificarse la existencia de daños, el Juez debe ordenar su recomposición al estado anterior a las obras o de ser imposible, imponer el pago de la indemnización sustitutiva que establece la ley.

Sin embargo, hasta el momento la empresa ha logrado demorar la realización de la crucial pericia. La entidad ambientalista ha venido denunciando que las sistemáticas maniobras dilatorias desplegadas por la empresa tienen por objeto ganar tiempo para obtener, de forma ilegítima y con la complicidad estatal, las habilitaciones que debería haber tramitado antes de comenzar las obras.

En efecto, a pesar de las graves irregularidades comprobadas en la causa judicial y en las diversas denuncias administrativas y penales, en agosto el municipio de Escobar emitió la resolución 376/23 mediante la cual aprobó el “Plan de Gestión Ambiental” del barrio Naudir Delta. En base a esta aprobación, el pasado 2 de octubre la Ministra de Gobierno Alvarez Rodríguez otorgó el “apto técnico final” para el emprendimiento mediante la Resolución 653/23, habilitando su registración y la continuidad de los trámites para la subdividisión y transferencia de dominio de las parcelas, generando así hechos de muy difícil o imposible reversión y condicionando de este modo la eficacia del proceso judicial ante una posible orden de recomposición.

Las irregularidades de la resolución provincial son muchas y muy graves. Entre los documentos que le sirven de fundamento, aparece insólitamente el mencionado permiso ambiental adulterado y un certificado de ADA vencido, carente de validez. Asimismo, el plano aprobado por Provincia elimina un corredor ambiental de 21 hectáreas exigido por el municipio al aprobar el Plan de Gestión Ambiental. Aspecto no menor, pues se relaciona a los impactos sobre la lindera Reserva Ambiental La Cañada, única área natural protegida del Distrito, de excepcionales valores paisajísticos, ecológicos y ambientales.

Las decisiones del estado provincial y municipal confirman una predisposición ya demostrada por ambos gobiernos, tendiente a favorecer al emprendimiento a cualquier costo, incluso cuando para ello sea necesario violar normas legales. El gobierno de Sujarchuk ocultó durante más de dos años la información pública en su poder, que demostraba la ilegalidad del emprendimiento, e incluso, al verse obligado a exhibirla por orden judicial, hizo uso del citado documento público falsificado para intentar encubrir su ilegalidad. Por su parte la Ministra Alvarez Rodríguez, mediante la Resolución 360/22 entre otras, dispuso un procedimiento excepcional exclusivamente destinado a “regularizar” y otorgar el “apto técnico” a decenas de barrios náuticos ejecutados en la ilegalidad, entre ellos Naudir Delta. La entidad ambientalista sostiene que estas normas de “regularización” resultan inaplicables o lisa y llanamente inconstitucionales, pues pretenden jerarquizar el objetivo -por demás cuestionable- de habilitar emprendimientos inmobiliarios ilegales, poniéndolo por encima de todo el sistema jurídico de orden público ambiental, de rango constitucional.

La trascendente decisión está ahora en manos del Juez Leandro Cappello quien -por motivos que desconocemos- tomó la causa hace pocas semanas subrogando al Juez Otero. En caso de permitir que continúen las obras sin la previa determinación de la existencia de daño ambiental, pocas dudas caben que la empresa avanzará a la mayor velocidad posible, profundizando los daños ambientales a niveles irreversibles, y tornando así absolutamente ineficaz cualquier decisión judicial futura que pudiera ordenar la recomposición. ¿Será Justicia?