La era Javier Milei paraliza a 3.500 constructoras de obras públicas

Las constructoras de obras públicas van camino a ingresar al tercer mes de inactividad, inmersas en un escenario marcado por tres factores negativos: un atraso de seis meses en los pagos de los trabajos certificados; la falta de señales claras del gobierno del presidente Javier Milei sobre lo que quiere hacer con las empresas del sector; y la doble amenaza de la administración nacional y bonaerense de Axel Kicillof de liquidar las deudas acumuladas del año pasado con la emisión de bonos.

Con las obras frenadas desde fines de noviembre, quienes tienen varios años de antigüedad en el rubro reconocen que nunca atravesaron una situación tan prolongada como la actual con los obradores cerrados, la mayor parte de los trabajadores suspendidos y sin una dependencia oficial que atienda y resuelva sus problemas. Destacan que ni siquiera vivieron algo similar durante la crisis de 2001 y principios de 2002, cuando la incertidumbre duró menos de 30 días hasta que la gestión de Eduardo Duhalde puso en marcha las primeras medidas para reordenar la economía.

Tras haber mantenido desde mediados de diciembre un bajo perfil, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss salió esta semana a advertir que el sector enfrenta “una crisis inédita por la paralización de unas 3.500 obras públicas que se extendería por un largo plazo".

“Independientemente si los fondos son nacionales, provinciales o municipales; prácticamente todas las obras están frenadas a lo largo del país”, planteó y puntualizó: “Entre aquellas que fueron facturadas y las que aún están en curso existe una deuda con las empresas del orden de los $300.000 millones”.

Hasta ahora lo único claro que tienen las constructoras son las tres líneas de acción que había anunciado el ministro de Economía, Toto Caputo al lanzar el Caputazo: suspensión de adjudicaciones y cancelación de obras licitadas que no hayan comenzado, renegociación de las que están curso y obras nuevas a cargo del sector privado, dado que "el Estado no tiene plata, ni financiamiento para llevarlas a cabo".

Interna y designaciones

Las gestiones que la directiva de Camarco llevaba adelante con el ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, para que atienda los reclamos del sector, no arrojaron resultados positivos y sumaron más preocupación por la falta de precisiones oficiales sobre el futuro inmediato de las obras públicas.

Enfrentado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; Ferraro fue eyectado de la administración mileísta sin haber podido conformar la totalidad de su gabinete y menos nombrar a quienes ocupen las subsecretarías y titularidades de las empresas estatales que intervienen en la licitación y ejecución de las obras públicas y de infraestructura. Apenas logró que le nombren los secretarios de Obras Públicas, Luis Giovine; Transporte, Franco Mogetta; Desarrollo Territorial, Luis Lostri; Comunicaciones, Ignacio Cingolani; y Concesiones, Mariano Mirotti.

Raúl Bertola espera hace más de un mes que se oficialice su designación al frente de Vialidad Nacional, el organismo a cargo de las obras nuevas y de repavimentaciones en autopistas y rutas paralizadas. Una situación similar se registra en Corredores Viales. José Luis Acevedo aguarda ser nombrado al frente de la empresa que opera el acceso Riccheri y las rutas nacionales con peajes, donde están detenidos los trabajos de mantenimiento, la limpieza de banquinas y los cortes de pastos a los costados de las calzadas.

En la ADIF, la empresa encargada de las obras ferroviarias que también se encuentran frenadas, recién este jueves fue nombrado como nuevo presidente Alejo Maxit, ex funcionario en la administración porteña y ex director de Telecom.

Estadísticas alarmantes

Los números del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que el sector tiene un total de 440.098 personal registrado. Según los cálculos del empresariado, hasta ahora hay alrededor de 250.000 personas suspendidas y despedidas por la interrupción de las obras públicas.

Camarco convocó para el 1° de febrero a las empresas y delegaciones provinciales a una reunión extraordinaria de su Consejo Federal para analizar la situación y evaluar qué medidas podrían adoptar para que la administración libertaria reconfigure su política contraria a las obras públicas.

Entre los temas a tratar asoma uno que comenzó a sonar con fuerza en los últimos días, y que podría agravar aún más los problemas del sector, es la posibilidad de que tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires tomen la decisión de liquidar las deudas atrasadas con dos títulos públicos en pesos, a largo plazo y que tendrían que ir a cambiar al mercado financiero por debajo de sus valores nominales.