Chaco: Diputados sesionaron de madrugada y aprobaron el desmonte a beneficio del agronegocio

Argentina sancionó en 2007 la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, a partir de la cual las diferentes provincias debieron establecer sus propios Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Y, mediante el decreto reglamentario 91/2009, se estableció la obligación de actualizar cada cinco años dicho ordenamiento.

La provincia de Chaco aprobó su OTBN en el año 2009 mediante la Ley 1762 (antes Ley 6409) y desde entonces nunca realizó las actualizaciones que establece la normativa nacional. Hace 15 años no se actualiza este mapa y todo lo que ocurre sucede en el marco de la irregularidad.

Según los datos publicados por el Monitoreo de los Bosques Nativos, en esta provincia, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica, resistente al agrotóxico glifosato, altamente contaminante y peligroso) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. De ese total, el 63 por ciento fue deforestado durante la vigencia de la Ley N.° 26.331 (2008-2022).

Es importante destacar que, según las estimaciones agrícolas, la superficie cultivada total aumentó en un 198 por ciento en Chaco en el periodo 1990/2022. Frente al retroceso de los montes chaqueños, la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas. A pesar de ello, la población chaqueña presenta los índices de pobreza e indigencia más altos del país, donde una familia necesitó en febrero más de 600 mil pesos para no ser pobre.

Frente al avance del agronegocio, el retroceso de los montes y la pobreza estructural que existe en la provincia y se profundiza mes a mes, consideramos fundamental rechazar la ley de actualización del Ordenamiento de Bosques aprobada en la madrugada del martes 30 de abril, dado que afectará la calidad de vida de las personas que habitan en ellos, pero también de quienes hacemos uso de los beneficios ambientales que los bosques y montes generan.

Un día de lucha contra la impunidad del agronegocio
El 25 de abril, días antes de que se aprobara el nuevo OTBN, el mismo bloque oficialista (Juntos por el Cambio en compañía de sus aliados del Justicialismo y CER —Corriente Expresión Renovada—) presentó una solicitud de sesión extraordinaria para el 29 de abril. En esta solicitud se planteó iniciar la jornada a las 20 horas y tratar tres temas en el orden del día. El último de ellos era el Proyecto de Ley 423/24 como propuesta de actualización del OTBN y la modificación del Decreto 2157/22. Éste último es el Proyecto de OTBN aprobado por el Poder Ejecutivo en el año 2022, que también estaba judicializado por no cumplir con las licencias socio ambientales mínimas claramente expuestas en la Ley Nacional de Bosques.

Semanas antes, el mismo cuerpo legislativo creó una Comisión para revisar y analizar todos los proyectos de OTBN presentados hasta el momento y convocar a los sectores de la sociedad involucrados (técnicos/as, movimientos socio-ambientales, comunidades indígenas y empresarios, entre otros) para escuchar democráticamente sus voces.

Esta Comisión sólo funcionó una vez —y a escondidas—, el mismo 29 de abril a las 16 horas. En esta sesión, de espaldas a la sociedad y sin haber hecho el trabajo de revisión de los antecedente históricos y actuales de los distintos proyectos de OTBN que se proponía como eje de su existencia, terminaron de acordar lo que en las siguientes horas de ese mismo día se convertiría en el vergonzoso tratamiento e irregular aprobación del nuevo OTBN.

Nosotrxs, como Colectivo Somos Monte Chaco, nos hemos manifestado ante cada una de estas irregularidades. Solicitamos audiencias a lxs diputadxs, a las comisiones que considerábamos involucradas en este proceso (Recursos Naturales y Pueblos Indígenas) y, como siempre, pusimos el cuerpo en las calles exponiendo todas estas irregularidades. Lxs diputadxs no nos recibieron, así como tampoco escucharon el pronunciamiento de científicxs, otros movimientos socio-ambientales y de las comunidades indígenas.

El resultado parcial/final de este desmadre fue la aprobación del nuevo Ordenamiento de Bosques a las 2.40 de la madrugada y después de una muy vergonzosa discusión partidista entre los distintos sectores legislativos. Patéticas rencillas partidistas, vergonzoso discurso sin argumentos sólidos, versiones de la realidad sin escuchar a las voces de los territorios y de sus habitantes.

¿A quiénes beneficia este nuevo OTBN?
Además de la complicidad de sus aliados político partidarios, el oficialismo chaqueño (a cargo del gobernadorLeandro Zdero, de Juntos por el Cambio) contó con el apoyo de los sectores del agro, forestales y tanineros de la provincia. De hecho, el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Unitan, Antonio Gil, sostuvo: “Lo que queremos y pedimos es algo muy necesario para el desarrollo del sector, que es tener un pronto despacho de ese proyecto de ordenamiento territorial”.

Sin embargo, esta necesidad de las tanineras no representa a todos los actores de la provincia, que denunciamos los atropellos e irregularidades gestadas en la confección del proyecto de ley y nuevo mapa de OTBN propuesto y que incrementarían, tal como viene sucediendo, los escenarios de desigualdad socioeconómica y territorial.

La aprobación del nuevo OTBN presenta graves irregularidades respecto a lo establecido por la Ley Provincial (Ley 6.409/2009), Nacional (Ley 26.331/2007) y los Convenios internacionales (169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Escazú) a los cuales Argentina suscribe.

En septiembre del 2023, el Ministerio de Producción, a través del Decreto 2477/2023, había convocado a audiencias públicas sobre la actualización del OTBN, a los fines de analizar las diferentes propuestas de adecuaciones y ajustes al mismo, en tres localidades (Los Frentones, Charata y Castelli) ubicadas en la zona del "domo productivo agroganadero" y en las cuales participaron actores que conforman el sector del agro interesado en avanzar con la frontera extractiva sobre los bosques nativos.

En este sentido, sin realizar las Consultas Previas, Libres e Informadas (como establece la legislación en reconocimiento de los pueblos indígenas), ni convocar a otros sectores de la ciudadanía, se confeccionó un mapa que es regresivo, siendo ello completamente ilegal. Es decir, elaboraron un mapa donde se propone desmontar áreas que, en 2009, se estableció con categorías de mayor nivel de conservación.

Es de destacar que, en el marco de estas controversias y disputas entre los actores involucrados, el avance de los desmontes continúa y ningún sector del oficialismo ha convocado a las organizaciones sociales, ambientales, indígenas, de pequeños productores, campesinas, ni ciudadanos interesados a revisar dicho ordenamiento. De hecho, en 2023 se desmontaron en Chaco más de 57.000 hectáreas de manera completamente ilegal.

Y como si esto fuera poco, el actual ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, Hernán Halavacs —desde el inicio de su carrera profesional, en 2014, y con su padre como funcionario de la Dirección de Bosques—, ha sido el responsable técnico de entre el 30 y el 50 por ciento de los permisos de desmonte aprobados, gracias a lo cual se transformó en ministro, con el respaldo de la empresa Unitan y el apoyo del ex director de Bosques, Miguel López.

Todos ellos funcionarios/empresarios de ambos lados del mostrador. Lo mismo que el principal asesor del actual ministro, el abogado Luciano Olivares. También fue subsecretario de Desarrollo Forestal de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, y es hijo de un ex funcionario de la Dirección de Suelos, Roberto Olivares. La familia político empresario forestal unida para el desmonte y el ecocidio.

Es imperante y urgente que se revean los discursos y prácticas desde las cuales se planifican y ordenan los territorios y montes. En ellos no solo habitan una gran cantidad de especies nativas, son grandes reservorios de agua y parte esencial de cuencas hídricas, sino también los habitan comunidades que verán afectada su calidad de vida, sobre todo indígenas y campesinas.

El nuevo mapa presentado por el oficialismo no solo es regresivo, sino que también invisibiliza y niega la participación ciudadana desde la cual son necesarios los consensos que nuestra democracia sostiene, y que han sido ratificados por convenios internacionales.

(Imagen: Somos Monte Nota publicada en Agencia Tierra Viva)