Por primera vez en décadas, la Marcha del Orgullo se realiza en un contexto de ataques directos del Estado a las minorías sexuales

La Marcha del Orgullo de Buenos Aires de este año no sólo será una celebración de la diversidad y el amor sino también un grito de resistencia, que esta vez debería sonar más fuerte. Es que esta edición, la número 33, es la primera que se hace estando en el poder un gobierno decididamente homofóbico, en los casi 41 años de democracia desde el fin de la dictadura. De ello, inclusive, se jactan sus propios funcionarios y los personajes que están cerca del poder, y además dan cuenta de ello las acciones que la actual administración ha tomado en los casi once meses que lleva de gestión.

Por empezar, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, está en contra de lo que sectores conservadores definen como “ideología de género”, una supuesta teoría que, como trasnochada conclusión, asume que “se enseña” a ser homosexual, lesbiana o persona trans. Es ese argumento, que carece de evidencia científica, el que esgrimen para promover la restauración de la educación religiosa en las escuelas —en contra de la tradición fundacional de la Argentina de educación pública, gratuita y laica, y los guardapolvos blancos que probablemente el propio Domingo Faustino Sarmiento haya imaginado para señalar que la escuela es un lugar para la igualdad de oportunidades y el conocimiento basado en los datos, no en el misticismo—.

El señalamiento permanente a lo que Milei repite como “ideología de género” le sirve al Gobierno para denostar, justamente, a la educación sexual, que entre otros beneficios les da herramientas a los jóvenes para identificar y defenderse de abusos sexuales, nada menos. Dato, no opinión: casi 80% de los niños víctimas de abuso sexual realizaron sus respectivas denuncias a raíz del conocimiento adquirido a través de las clases de educación sexual integral (ESI), según el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En agosto, el propio Milei, ya siendo Presidente, tuvo una frase desafortunada: hizo referencia al “mucho sexo gay” que a su criterio se promueve en lo que él definió como “la panacea progre”, en un posteo en su cuenta de Instagram. Allí comparó al socialismo con una “prisión” y describió una supuesta “sociedad ideal progre” que incluye aspectos como “vivienda gratis”, “educación gratis”, “servicios gratis” y “mucho sexo gay”, una lista de cosas que él considera negativas o cuando menos inconvenientes para su cosmovisión y la moral pública.

Siguiendo el recorrido desde la cúspide jerárquica del Estado hacia abajo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, aún siendo diputada nacional se declaró en contra del matrimonio igualitario. En una entrevista con Luis Novaresio dijo que para ella la unión civil ya estaba bien porque “en lo legal ya estaban garantizados determinados derechos” y sostuvo que “matrimonio” es una palabra de carácter religioso, pese a que figura en el diccionario desde hace cientos de años. Además, como si las personas LGBTQI+ no pudieran tener una religión o si la única religión aceptable fuera la Católica Apostolica Romana. Otro dato, para conocimiento de la presidenta del Senado: muchos credos aceptan las uniones de personas entre mismo sexo.

Más declaraciones de odio desde el actual gobierno: en otra entrevista con Novaresio, la desde esta semana excanciller Diana Mondino asoció a los homosexuales con la falta de higiene. “Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, y es tu elección, listo. Después no te quejes si a alguien no le gusta que tengas piojos”, dijo la exministra de Relaciones Exteriores y Culto, hace un año, un mes antes de asumir en ese cargo.

Más recientemente se cuenta la declaración que causó escozor en la Cámara de Diputados, de parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo: “Rechazamos la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología”. De inmediato, sin darse cuenta (o quizás sí) de que tenía el micrófono prendido, le dijo a un colaborador suyo, como excusándose: “Boludo, esto está textual del discurso de Milei”.

Ese día, Cúneo Libarona, el mismo abogado que defendió a José Alperovich, preso en Ezeiza tras haber sido condenado por violar retiradas veces a su sobrina; que defendió a Guillermo Coppola y fue novio de Samanta Farjat en los noventa, afirmó: “Se acabó solo el género. Vamos por otros valores: la familia es el centro de la educación y la sociedad. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, promover los símbolos patrióticos, respetar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social”. Como si las personas del mismo sexo o personas trans no pudieran formar una familia; como si esta posibilidad estuviera reservada a los heterosexuales como él mismo; como si estuviera mal, por ejemplo, que Milei y Villarruel sean solteros y no tengan hijos.

A estas manifestaciones sobradamente homofóbicas y dichas con tanto desparpajo se les suman las de figuras satelitales del gobierno de La Libertad Avanza, como el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, un conocido odiador de las minorías sexuales, quien en una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum sostuvo, por ejemplo, que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad está incentivando una conducta autodestructiva”, que “una persona de tendencia homosexual vive 25 años (promedio) menos que una persona heterosexual”, y que un homosexual “tiene 14 veces mayor propensión al suicidio”.

Todas, afirmaciones falsas y de uso malicioso para acentuar los prejuicios sobre la población LGBTQI+, porque al tomar ciertas estadísticas sanitarias no hace más que señalar los efectos devastadores para las personas que sufren una discriminación permanente en su vida, que por supuesto las puede conducir al suicidio y hasta disminuir los promedios de esperanza de vida, como pasa especialmente en la población trans: efectivamente, viven menos años que el resto, y no porque quieran.

Otro amigo de Milei, Agustín Laje, escritor, también conocido por sus posturas conservadoras y sus expresiones de odio deliberado hacia el movimiento LGBTQ+, recientemente dijo que “la homosexualidad es una agenda impuesta por organismos internacionales para destruir los valores tradicionales”.

Personajes como Laje y Márquez no sólo están cerca del poder: Milei y su gobierno los apañan y a menudo los invitan y les dan lugar en eventos, así como a otros referentes de grupos conocidos por su postura anti-LGBTQ+, legitimando sus mensajes de odio y desinformación bajo el paraguas de “valores tradicionales” o “libertad de expresión”.

Por ejemplo, el Gobierno se asoció al médico ultraconservador Abel Albino, a quien le encomendó la supervisión de la entrega de los alimentos del Ministerio de Capital Humano. El pediatra y presidente de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin) es conocido por sus posiciones retrógradas en temas como el aborto, el sexo o el virus del VIH, muchas de ellas expuestas en 2018, cuando se debatió en el Congreso la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “La homosexualidad es un problema. Es multicausal. No la considero una enfermedad. Pero más de una vez fue una violación dentro de la familia lo que provocó eso”.

Opiniones como las de Albino, Laje y Márquez, cercanos al gobierno de Milei, fueron duramente criticadas tanto por la comunidad científica como por sectores de derechos humanos, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones médicas internacionales reconocen que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no una enfermedad o un desorden. Las declaraciones de estos acólitos del poder actual contribuyen a una mayor discriminación y estigmatización hacia la comunidad LGBTQ+.

No sólo el Poder Ejecutivo: también la Justicia

Tampoco la Justicia se priva de tomar decisiones perjudiciales para las minorías sexuales: en nuestro país una mujer puede llevar en su panza a un bebé para otra pareja, y esto se llama subrogación de vientres. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación —integrada por cuatro varones heterosexuales— rechazó la demanda de un matrimonio gay que tuvo un hijo a través de una gestante y reclamaba que se hiciera una nueva partida de nacimiento en la que la mujer no figurara. Los jueces Horacio Rosatti (presidente del tribunal), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que no era posible, tomando como base el Código Civil y Comercial, que no regula la gestación subrogada. Juan Carlos Maqueda, en cambio, votó por hacer lugar al planteo.

El tribunal debió decidir si una pareja de hombres podía ser registrada como los papás de un niño que nació de una amiga que se ofreció a gestarlo. Ellos querían que en los documentos se dijera que ambos eran los padres, pero la Corte dijo que no, porque según las leyes actuales, la mujer que da a luz es la madre, incluso si no quería serlo. Así que en el certificado de nacimiento se dice que la madre es la mujer que lo parió, y solo uno de los hombres aparece como el padre.

El fallo es claramente perjudicial para las parejas gays, porque les niega el reconocimiento legal como padres de un niño, a pesar de que han estado cuidándolo y criándolo. Esto también significa que el niño no puede tener el mismo estatus legal que los hijos de otras familias, lo que puede causar problemas para su identidad y derechos.

La decisión de la Corte no reconoce tampoco la relación afectiva entre los dos hombres y el niño, lo cual puede hacer que se sientan excluidos y discriminados, y, para colmo, le impone una “maternidad” no deseada a la mujer que solo gestó al bebé, lo que también es injusto para ella. Por lo tanto, la Corte limitó la capacidad de una pareja gay de formar una familia legalmente reconocida, que es curiosamente uno de los valores que ponderó en su controversial exposición ante los Diputados el ministro Cúneo Libarona, otro varón heterosexual.

Como cada año, la 33ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires se realizará el primer sábado de noviembre. Este sábado 2 las consignas son:

• No hay libertad sin derechos ni políticas públicas.

• No hay libertad con ajuste y represión.

• ¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!

La concentración se realizará desde media mañana en la Plaza de Mayo, desde donde saldrán los camiones recorriendo toda la Avenida de Mayo y las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen para finalizar hacia la tarde/noche frente al Congreso, donde se realizará la lectura de documentos reivindicatorios de los derechos de las minorías sexuales.

En ese contexto, en los últimos días representantes de 29 embajadas y de la Unión Europea en Argentina se unieron bajo el nombre “Diplomáticos por la Igualdad” para expresar su solidaridad y compromiso con los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+), tanto en Argentina como a nivel global, en un mensaje que pareció estar dedicado al gobierno de Milei. La declaración fue publicada nada menos que en el sitio de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

“Nosotros, los representantes de las Misiones Diplomáticas en Argentina que suscriben, nos unimos en calidad de Diplomáticos por la Igualdad/Diversidad para expresar nuestra solidaridad y apoyo a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer en Argentina y en todo el mundo”, dice la declaración conjunta, firmada por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Lituania, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Ucrania y la Unión Europea.

“Lamentablemente en 2024 aún no es una obviedad que los derechos LGBTIQ+ sean respetados en todo el mundo. Al contrario, en la actualidad en más de 60 países, las personas queer enfrentan procesos penales e incluso se arriesgan a la pena de muerte. En todo el mundo sufren estigmatización, exclusión social y violencia”, dijo el embajador de Alemania en Buenos Aires Dieter Lamlé, anfitrión del encuentro en que se publicó la declaración conjunta, realizado en Buenos Aires, según reportó la agencia Presentes.

En esta nueva Argentina en que la agresión desde el propio Estado desafía los derechos conquistados, esta 33ª Marcha del Orgullo será mucho más que una celebración: será una demostración de fuerza y perserverancia frente al odio, y un llamado urgente a la acción. Este 2 de noviembre, cientos de miles de voces realizarán un llamado a tomar nota de que sin derechos ni políticas públicas inclusivas no puede existir una sociedad verdaderamente libre. La movilización será un recordatorio de que la lucha por la igualdad y contra la discriminación es una lucha sin fin, que no termina nunca, pero, a la vez, de que con coraje y con determinación se pueden superar los peores contratiempos.

Fuente: Tiempo Argentino