Un informe revela que se duplicó la indigencia infantil

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), dirigido por Claudio Lozano, publicó el informe titulado “La situación de las infancias y las adolescencias: Coyuntura y rasgos estructurales”, en el cual se examinan las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en Argentina. El informe destaca la relación entre el contexto socioeconómico actual y el deterioro en el acceso a derechos básicos, en medio de un severo ajuste fiscal.

El estudio resalta la alta tasa de pobreza infantil y critica las iniciativas legislativas que proponen bajar la edad de imputabilidad, posicionando la criminalización de las infancias como una respuesta inadecuada y punitiva. Lozano sostiene que “ningún pibe nace chorro”, señalando la necesidad de comprender el problema desde una perspectiva estructural y de responsabilidad social.

Aumento alarmante de la pobreza infantil y crisis alimentaria
De acuerdo con el informe, el 67,1% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Argentina vive en situación de pobreza, afectando a casi 9 millones de menores. Además, la indigencia infantil casi se duplicó en el último año, alcanzando al 27,3% de esta población, lo que implica que 3,6 millones de NNA no tienen acceso a los recursos básicos necesarios para su desarrollo.

La crisis alimentaria es otro eje crítico del informe: el 52% de los hogares con NNA ha dejado de comprar alimentos esenciales, con la leche y la carne entre los productos más recortados. Esta situación ha provocado que el 7,4% de los niños y adolescentes deba saltearse una comida diaria, exponiendo la grave inseguridad alimentaria que atraviesan muchas familias.

Impacto en el hogar: precarización laboral y vivienda inadecuada
El documento también aborda la precarización laboral de los adultos responsables de estos hogares: más del 53% de los adultos en hogares con NNA se encuentra en situación de empleo informal o desempleo. Esta precariedad laboral ha llevado al 44,7% de los trabajadores ocupados a vivir bajo la línea de pobreza, duplicando la tasa de pobreza entre los empleados formales en el último año.

En términos habitacionales, el informe indica que cerca del 30% de los menores de 18 años reside en viviendas que no cumplen con los estándares básicos de calidad y saneamiento. Un 7,6% de los menores vive en condiciones de hacinamiento crítico, lo que afecta negativamente su desarrollo y su capacidad para estudiar y tener una vida saludable.

Salud y educación: recortes en servicios esenciales
El sistema de salud pública es el único recurso para el 41,9% de los niños y adolescentes, en un contexto en el que el gasto público destinado a este sector ha sido reducido drásticamente. Programas clave como el de acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, y el de Salud Sexual y Procreación Responsable, han sufrido recortes de hasta el 70%, afectando la atención primaria y preventiva.

En el área educativa, el 40,7% de los niños y adolescentes no dispone de una computadora en su hogar, limitando su acceso a la educación digital y acentuando la brecha educativa. A su vez, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente han sido prácticamente desfinanciados, lo cual empeora la situación educativa de estos sectores vulnerables.

“Los niños no son peligrosos, están en peligro”
El informe concluye que la situación actual representa una “infantilización de la pobreza” y que las políticas públicas de ajuste agravan las condiciones de exclusión para niños y adolescentes en Argentina. La Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en el país, establece que el Estado debe garantizar los derechos y el desarrollo integral de todos los menores. No obstante, las políticas actuales, según el IPYPP, contradicen estos principios y perpetúan un círculo de pobreza estructural.

El informe del IPYPP llama a adoptar políticas inclusivas y redistributivas que garanticen el acceso a derechos fundamentales, como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Para Lozano, “criminalizar a los niños y adolescentes es una respuesta simplista que no ataca las causas de fondo” y reafirma que la solución requiere un compromiso genuino con el bienestar de la niñez y adolescencia en el país.

Este llamado a la acción invita a reflexionar sobre la responsabilidad social en la construcción de un futuro más equitativo, donde todos los niños y adolescentes puedan vivir y desarrollarse en condiciones dignas.

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Breve síntesis del Informe:

Las propuestas presentadas en el Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad deben enmarcarse en este contexto de crisis social y económica.

Las infancias no son responsables del deterioro social; son víctimas de la falta de acceso a derechos básicos.

Este informe evidencia que cualquier estrategia orientada a abordar las problemáticas infantojuveniles debe priorizar la protección de derechos y la reducción de la desigualdad estructural como eje central.

Entre las conclusiones más relevantes del documento se destacan:

• El 67,1% de los NNA (casi 9 millones) vive en situación de pobreza, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2023.

• La indigencia infantil casi se duplicó en el mismo período, afectando al 27,3% de los menores de 18 años (3,6 millones).

• Más del 53% de los adultos en hogares con NNA se encuentra en situación de empleo precario o desempleo.

• La pobreza entre los ocupados trepó al 44,7%, afectando incluso a trabajadores formales, cuya tasa de pobreza se duplicó al 29,4%.

• El 52% de los hogares con NNA dejó de comprar algún alimento esencial, siendo la leche y la carne los más recortados.

• Un 7,4% de los niños y niñas debió saltearse una comida diaria debido a la insuficiencia de ingresos.

(Nota al pie)