Compartimos el comunicado de Hermanadxs
A NOSOTRAS ¿ QUIÉN NOS PROTEGE?
En 2024, la crisis en violencia de género en Argentina sigue siendo alarmante. Hasta noviembre, se han registrado al menos 212 femicidios, con un promedio de una mujer asesinada cada 37 horas, estas cifras incluyen también más de 200 intentos de femicidio. Los agresores, en su mayoría, son parejas o exparejas de las víctimas, y el hogar continúa siendo el lugar más peligroso, representando el escenario del 60% de los crímenes.
Además, en lo que va del año, más de 260 niños han quedado huérfanos, siendo más del 50% menores de edad. Las víctimas a menudo ya habían denunciado a sus agresores, aunque las medidas de protección resultaron insuficientes en muchos casos.Este 2024 también ha sido el año con menos denuncias realizadas por violencia de género debido al desfinanciamiento y retroceso en políticas públicas relacionadas a este flagelo por parte del gobierno de Milei: incluyendo recortes en programas de apoyo y la línea 144, decisiones que afectan directamente pilares básicos como garantizar la seguridad y respetar los derechos adquiridos por mujeres y diversidades de nuestro país.
En Campana, las políticas de género que buscan abordar problemáticas relacionadas con la igualdad, la prevención de la violencia por razones de género y el empoderamiento de mujeres y personas LGTBI+ no tienen lugar desde que el intendente Sebastian Abella asumió en diciembre de 2015.
El intendente macrista (ahora mileista) y sus concejales se han negado sistemáticamente a generar políticas municipales para consolidar una política de género integral, que fomente la igualdad y la eliminación de las violencias en la comunidad local. Hasta han decidido deliberadamente mantener en su puesto en el ejecutivo municipal a Martin Seguin, quién está denunciado por abuso sexual y coacción contra una ex trabajadora municipal. En la comisión de derechos humanos, minoridad, familia y desarrollo humano del HCD a cargo de la concejala Roxana Mottino hay más de 50 proyectos (presentados por Unión por la Patria en base a trabajos territoriales y propuestas presentadas por vecinas y organizaciones de la ciudad) de ordenanzas, comunicación y pedidos de informes sobre la temática que no son tratados, debatidos y discutidos a pedido del intendente y acatado verticalmente por la concejala.
Las organizaciones de derechos humanos,colectivos feministas, organizaciones sociales y políticas exigen mayor implementación de leyes como la Ley Micaela y la Ley Brisa, el cupo laboral TRANS y el refuerzo de la ESI en todas las escuelas además de un compromiso serio del Estado para frenar estos crímenes y proteger a las víctimas. Sin políticas públicas de género, no hay NI UNA MENOS.
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