Diputados oficialistas buscan tratar la semana que viene el proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense para producir, comercializar y distribuir medicamentos, vacunas e insumos con valores muy por debajo del mercado y poder garantizar un acceso equitativo a la población.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires podría dar luz verde la próxima semana a la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que es impulsada por el gobernador Axel Kicillof con el objetivo de poder garantizar el acceso equitativo a los medicamentos de la población.
Ayer, la iniciativa obtuvo despacho favorable de las comisiones de Legislación General, Salud y Presupuesto de la cámara baja y se estima que será llevada al recinto en la sesión del jueves 5 o 12 de diciembre.
La propuesta, que el Poder Ejecutivo envió en diciembre pasado a la Legislatura y que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, defendió ante los diputados y senadores en comisiones, plantea que “el acceso a los medicamentos no debe ser obstaculizado por intereses económicos, ni puede estar sujeto a la capacidad del individuo de pagar el precio fijado por el mercado”.
Así, determina que “la producción pública permite limitar las reglas comerciales que priorizan incrementar la rentabilidad en la producción privada de medicamentos, y coloca el enfoque en las necesidades sanitarias de la población”.
Según precisó en conferencia de prensa Kreplak el lunes pasado, la desregulación de precios promovida por el gobierno de Javier Milei tuvo un impacto considerable en el mercado farmacéutico. “Los precios de los medicamentos se incrementaron entre septiembre de 2023 y de 2024 en un 330 por ciento, pese a que la inflación en ese período fue del 209 por ciento”, dijo.
En ese marco, reclamó a la Nación “que tome las medidas necesarias para que los medicamentos, no sólo los ambulatorios, sino especialmente los de alto costo que compran las obras sociales y el Ministerio de Salud de la Provincia, bajen de precio” y expuso que “con ese objetivo, presentamos el proyecto de ley de la empresa pública de medicamentos de la Provincia”.
“Buscamos producir o asociarnos con la industria farmacéutica para reducir el precio de los medicamentos, poder comprar más cantidad a menor precio y llegar a cubrir la necesidad de toda la población”, resaltó.
Para aprobar la propuesta, Unión por la Patria, que cuenta con 37 de 92 bancas, necesita mayoría simple ya que el proyecto cuenta con despacho favorable de comisiones. Se espera que el peronismo cuente con el acompañamiento de los bloques Unión Renovación y Fe (libertarios dialoguistas) y de Acuerdo Cívico-UCR-GEN debido a que, de sancionarse, la creación de una empresa pública de medicamentos representaría un importante ahorro para los hospitales municipales, lo que beneficiaría a los intendentes del espacio.
En tanto, desde La Libertad Avanza, el PRO y UCR Cambio Federal ya expresaron su rechazo a la norma, por considerar que no avalarán proyectos que amplíen la estructura estatal en salud ni el gasto público.
La propuesta establece que el Centro, que dependerá del Ministerio de Salud, tendrá por objeto “realizar la investigación, el desarrollo, la producción, el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta y la distribución por mayor y/o menor así como el control de calidad de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud”.
Además, deberá encargarse del “control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas y marcas nacionales o extranjeras, actividades de representación, mandato, comisión y consignación, la importación y exportación, así como toda otra actividad tendiente a fortalecer el desarrollo tecnológico, científico, productivo, de innovación de la propia sociedad, así como del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires”.
En los fundamentos del PE 1/24-25 se destaca: “Producir medicamentos y productos médicos desde una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, debería contribuir a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción o una marca que se distinga, lo que a su vez se traduce en precios más bajos para los usuarios finales en todo el mercado” y se agrega que “la producción pública de medicamentos se convierte en una herramienta efectiva para garantizar el derecho a la salud y garantizar que ningún ciudadano o ciudadana se vea privado de tratamientos por motivos económicos”.
Mientras tanto, aún debe tratarse en la Cámara de senadores otra norma del ámbito de la salud enviada por Kicillof: aquella que crea una empresa provincial de atención de emergencias médica y que fue aprobada en julio pasado en Diputados.
Se trata de la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (con al menos el 51% de acciones en manos de la administración provincial, aunque ese porcentaje podría subir en caso de falta de interés del sector privado), para constituir la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud.
Su principal objetivo será fortalecer la coordinación interjurisdiccional de la atención de las emergencias médicas y complementar el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que actualmente prestan los municipios.
La compañía aspira a garantizar la logística y transporte prehospitalarios e interhospitalarios, la logística y transporte de insumos críticos del sistema de salud (sangre y hemoderivados, oxígeno, medicamentos y otros), así como también de residuos patogénicos de centros de salud.
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