El Ministerio de Justicia bonaerense y la ONU firmaron un convenio para descomprimir la situación penitenciaria

La llegada de la pandemia de Covid-19 al país, se pusieron de relieve numerosos problemas estructurales en la población. Uno de ellos estalló semanas atrás y tiene que ver con las condiciones de hacinamiento y el precario estado de infraestructura que presenta el Sistema Penitenciario Bonaerense, a lo que se suma la superpoblación carcelaria.

En este marco, la gestión de Axel Kicillof al frente de la Provincia firmó a través del Ministerio de Justicia y DD.HH un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de elaborar un proyecto de transformación de la gestión del SPB.

“El acuerdo tiene como finalidad especifica la creación de herramientas de transparencia, eficiencia, calidad en la gestión y control de las prestaciones del sistema penitenciario provincial. Asimismo, el organismo de ONU participará en el diseño e implementación de programas de formación educativa y capacitación laboral para favorecer el programa de reinserción social Más Trabajo Menos Reincidencia de las personas que hayan cumplida la pena. En el mismo sentido, se prevé rediseñar los instrumentos para la gestión de conflictividades orientados a la disminución de la violencia en contextos de encierro”, detallaron desde la cartera de Justicia.

Al respecto, también agregaron que el convenio prevé asistencia para el desarrollo de prestaciones como el diseño de Auditoria Externa de calidad a través de universidades públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires; incorporar al mercado laboral, en el marco de la Ley 11.046, a los internos en los procesos productivos de las empresas que presten tareas en el Servicio Penitenciario Bonaerense; capacitación laboral de los internos en los proyectos en donde pueda utilizarse dichos recursos; análisis de los procesos y procedimientos vigentes; asistencia técnica y legal para elaborar e implementar normas generales de transparencia y eficiencia en la gestión y en el control; obtener una mayor transparencia y concurrencia de oferentes sin menoscabar la eficiencia y calidad del objeto a contratar y desconcentrar el mercado a los efectos de favorecer a las economías regionales.

En este sentido, se puede pensar en una primera fase del proyecto que tiende a unificar el sistema de alimentación de las Unidades Penitenciarias “priorizando la capacitación e inserción laboral del interno en el marco de la Ley 11.046”. Por tal razón, definieron, se lanzará un llamado a presentar ofertas públicas para implementar un sistema de racionamiento con la participación del interno en el proceso productivo.