"Hoy no existe una verdadera política con perspectiva de género"

La UFIJ N° 8 tiene actualmente un total de 1900 causas en trámite y desde el comienzo de la pandemia ya ingresaron 147 denuncias por violencia familiar y 16 de abuso. Irene Molinari, quien cumplió en el mes de marzo 21 años como fiscal en el Departamento Judicial Zárate-Campana y lleva trabajando en la justicia más de 34, respondió a todo. Habló de las prácticas que revictimizan a la mujer, la falta de coordinación entre algunos organismos, la Ley Micaela y el trabajo de la fiscalía en este contexto de pandemia.

La falta de políticas públicas reales con perspectiva de género sigue siendo una cuota pendiente en la Argentina. Es el principal motivo por el cual las estadísticas relacionadas a la violencia de género no dejan de ser desalentadoras.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero después debe haber un acompañamiento que tiene que darse en términos económicos y sociales. Intentamos coordinar, pero muchas veces se hace difícil. No se le está dando la importancia y los recursos que realmente deberían darse para la cuestión de la violencia de género, doméstica y familiar. No se está poniendo el total interés que se debería poner”, sostiene Molinari.

La fiscal señala que durante mucho tiempo la violencia de género era considerado un delito más (contexto de pelea, la amenaza no era trascendente, sin testigos no se podía avanzar). Si bien ha habido cambios de pensamiento y se crearon fiscalías descentralizadas en Zárate, Campana y Escobar, todavía prevalecen prácticas que hasta el momento no se han podido erradicar:

“Hay un montón de prácticas revictimizantes, lo que llamamos revictimización secundaria de la mujer. Son prácticas que se siguen llevando a cabo por más buena voluntad que exista”. Molinari explica que la Comisaría de la Mujer y la Familia no dispone de un móvil para traslado exclusivo de esa mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Además, no hay una casa de abrigo o refugio para resguardarla luego de la denuncia (en el caso de que así lo requiera). “No estamos logrando poder llevar a cabo prácticas que se adecuen a los parámetros internacionales”.

Con respecto a la falta de coordinación, uno de los organismos municipales que muchas veces interviene es el Servicio Local. Molinari remarca que “es necesaria esta coordinación porque esa mujer no está sola, tiene chicos. Hay problemáticas que hacen a la protección de los menores. En este lugar hay una falta de recursos. Los organismos del estado municipal no están cumpliendo con los compromisos internacionales que asumió el estado argentino”.

Consultada sobre las medidas cautelares de restricción de acercamiento, la representante judicial afirma que “mayormente es otorgada en tiempo y forma por el Juzgado de Familia, pero se le exige que vaya con dos testigos y que luego de eso se tramite la medida a la comisaria. En la mayoria de los casos la mujer debe trasladarse por sus propios medios hasta la dependencia policial para que se disponga la exclusión del agresor. Práctica que no comparto,

“Muchas veces pasa que la mujer no tiene dinero, no tiene manera de acercarse, entonces se pierde mucho tiempo para ver cómo puede acercarse y como la llevan otra vez a la casa”, explica y agrega: “La dirección de la niñez cuenta con poco personal al igual que la secretaria de género".

La casa de abrigo sigue siendo una utopía para Zárate, Molinari señala que “estoy cansada de las reuniones, basta de reuniones, vamos a concretar. Hace dos años que estoy intentando disponer de un lugar de la Municipalidad y no tengo respuesta. Pasan los días y siguen muriendo mujeres”.

Además, aún hoy existen jueces que ponen en cuestionamiento las restricciones perimetrales: “Todavía no hay una real perspectiva de género en este sentido, algunos dicen: 'El tema es que la mujer se quiere separar, lo que quiere es eso'”, explica con signos de enojo la fiscal y contesta: “Pero la amenazó y la golpeó”. Otra práctica revictimizante tiene que ver con la constatación de las lesiones. La mujer debe ir sola a realizarse el precario médico: “Estas cosas me hacen pensar que no hay interés del Estado. En la ciudad de Buenos Aires se aplica un sistema denominado Centros Integrales de la Mujer, es un lugar en donde hay una oficina donde se le toma la denuncia, se le hace el precario y hay una oficina donde se tramita la medida cautelar, aún veo difícil que esto sea posible en nuestra zona”.

En la UFIJ N° 8 y con motivo de la pandemia, las denuncias se canalizan a través de un correo: denunciaszarate@mpba.gov.ar. La gente que no puede trasladarse a la Comisaria de la Mujer y tiene acceso a un correo electrónico puede denunciar por esta vía. Se busca ser lo más flexible posible en cuanto a los métodos. Molinari afirma que se analizan las posibilidades de cada persona, las entrevistas con la víctima pueden hacerse por teléfono, videollamada o presencial con los recaudos pertinentes en materia sanitaria.

Desde el comienzo de la pandemia los casos no han cesado. Ingresaron 147 denuncias por violencia familiar y 16 por abuso. “Es una barbaridad, lo que más hay son temas de violencia patrimonial, psicológica, se produce una separación y dejan de pasarle alimento, de ver a los chicos, pero también hay abusos de todo tipo: intrafamiliares, no intrafamiliares, violencia sexual dentro y fuera de la pareja, abuso sexual infantil y adolescente”, sostiene la fiscal. Muchos de estos casos lamentablemente no puede llegar a juicio porque no es posible avanzar en todos, debido a que el recurso humano no es suficiente.

Hoy la fiscalía tiene turno permanente durante los 365 días del año sin sábados ni domingos libres. Actualmente hay 1900 causas en trámite: “Cuando llegué hace dos años teníamos 2400, pudimos reducir el número a 1300, pero hemos aumentado otra vez”. La solución podría estar en la descentralización, una nueva fiscalía que se ocupe de la temática de género, aunque esto también parece ser inviable. La doctora confiesa que toda esta situación, esta rutina, termina afectándole a nivel anímico además de no permitirle realizar alguna otra actividad que esté por fuera del ámbito judicial: “Después de ver tan violencia, tristeza, llanto, cuando llego a casa solo quiero descansar, dormir un poco, desde que comenzó la pandemia me ha costado muchísimo”.

“Lo que siento como fiscal de violencia de género es que no somos considerados, que no tenemos los recursos necesarios, siento que no hay una política criminal a la que realmente le interese la violencia de género. Hace mucho que vengo reclamando que se revea la situación de la fiscalía de genero de Zárate, tenemos muchos casos en Lima. Me encontré con una fiscalía superada en numero de casos, considero que, si no tenes vocación de servicio y amor por lo que haces, no podés estar en una fiscalía. Hay que empatizar con la víctima, comprometerse, sufrir junto a ella. Esto no es me saco de encima una causa y listo, hay que escuchar a la víctima, darle su tiempo, que la causa llegue lo mas fortalecida a juicio, eso intentamos hacer con mi equipo de trabajo”, afirma.

Con respecto a la Ley Micaela, Molinari remarcó:

“Todo el personal de esta fiscalía se encuentra capacitado. Aquellos que no cumplen con esta ley tienen una responsabilidad internacional, están incumpliendo con los tratados internacionales. Siguen con prácticas que no son acordes a los compromisos que asumió el estado nacional”.

A modo de conclusión la fiscal aprovechó para reflexionar en términos generales sobre la situación de la violencia de género en la Argentina:

“Es necesario un gran compromiso del estado en su conjunto, no le podemos pedir a la gente que reduzca los casos. Se necesita un compromiso real, visibilizado, tangible, si eso no sucede y realmente no hay políticas públicas y criminales acordes a la situación, no va a cambiar nada. Si solo nos quedamos en recordar el Ni Una Menos, no cambiamos nada, porque yo al otro día cuando llego acá, me encuentro con la misma realidad, los mismo pocos recursos, la falta de contención y la falta de compromiso de los que tienen la responsabilidad legal de tomar enserio una política pública que sea preventiva de la violencia de género. Hay que empezar a dar el ejemplo desde el estado. Hay que capacitar a todos los operadores del estado con perspectiva de género, no solamente los judiciales sino también a todas las personas que están vinculadas en este circuito que tiene que ver con el abordaje de la violencia de género. Hoy no existe una verdadera política con perspectiva de género, no se está abordando con la seriedad que esto exige”.