“Vamos a pedir cadena perpetua para todos los imputados”

Seis meses después, la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa continúa con nuevas pruebas. Luego de que la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmara la prisión preventiva para los ocho acusados de matarlo a mediados de abril, la fiscal del caso, Verónica Zamboni, recibió los resultados de una serie de estudios de ADN realizados en laboratorios del Ministerio Público en Junín. Los resultados apuntaron a dos de los acusados.

Una camisa de Matías Benicelli (20) fue peritada: se le encontró sangre de Fernando mezclada con la del mismo Benicelli. Por otra parte, un hisopado a la uña de un dedo meñique de la víctima reveló sangre de Blas Cinalli (18). También se espera el resultado de la pericia de scopometría a la zapatilla atribuida a Máximo Thomsen (20), encontrada por la Policía Bonaerense en la mañana posterior al 18 de enero de este año. Por la forma en que murió el joven, el calzado que llevaban aquella noche se transformó en un elemento clave en la pesquisa. La pericia scopométrica comparará el dibujo de las suelas con la huella encontrada en el rostro de Báez Sosa.

Estas pericias habían sido solicitadas por la fiscal Zamboni. Además de Thomsen, Benicelli y Cinalli, Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi, (21), Enzo Comelli (20), y Ayrton Viollaz (20) continúan detenidos en una alcaidía de La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, cometido frente al boliche Le Brique de Villa Gesell el pasado mes de enero. Por otra parte, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), se encuentran imputados en calidad de “partícipe necesario”, pero fueron excarcelados meses atrás.

En lo que respecta al avance de la investigación, se encuentran pendientes los peritajes psicológicos y psiquiátricos solicitados por el juez de la causa, David Mancinelli, para los ocho rugbiers que están detenidos, aunque recién se llevarían a cabo cuando se decrete el final de la cuarentena, o al menos disminuya el riesgo de la situación epidemiológica, para evitar desplazamientos de los imputados fuera del penal en el que están alojados.

Los peritajes psicológicos y psiquiátricos estaban programados entre el 13 y el 24 de abril en la Asesoría Pericial de La Plata, pero debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, se pospuso por tiempo indeterminado. Dichas medidas habían sido solicitadas por el juez de la causa a partir del pedido de arresto domiciliario por parte de la defensa de los rugbiers. Su resultado es aguardado por la fiscal para incorporarlo al expediente antes de requerir la elevación a juicio del caso.

En el marco del incidente de morigeración, además, deberán esperar el fin de la cuarentena los informes socioambientales que el magistrado solicitó a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana, para conocer quiénes viven en los domicilios fijados en la causa por cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.

Los acusados continúan alojados en la Alcaidía Departamental N°3 de La Plata

A cuatro meses y medio del crimen, los ocho jóvenes acusados por el homicidio se encuentran detenidos en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, en La Plata. Según expresó semanas atrás Javier Thomsen, padre de Máximo, los rugbiers no tienen teléfonos celulares como el resto de los presos que accedieron a un teléfono móvil por decisión de la Justicia para que se puedan comunicar con sus familias en medio de la cuarentena. “Los chicos no pueden acceder a algunos objetos por la presión mediática que hay contra ellos. Todos tienen celulares menos ellos”, expresó el hombre, quien agregó que los ocho están alojados juntos en el mismo sector, en celdas de a dos, “en una alcaidía donde todas las personas están procesadas sin condena y no tienen contacto visual con otros presos”.

Fabián Amendola, abogado de la familia de Fernando, sostiene que “Vamos avanzando a medida, desde hace algunas semanas la fiscalía empezó a activar la causa, de forma electrónica. Hay un sistema llamado SIMP de la procuración en donde el expediente se puede consultar”.

Amendola explicó que “hay pruebas testimoniales, personas que estaban en el lugar, reconocimientos en rueda, infinidad de videos de cámaras municipales o de celulares y seguramente pidamos una ampliación de algunas declaraciones”.

Antes del comienzo de la pandemia mucho se habló sobre el sospechoso número 11, incluso desde el estudio de Fernando Burlando venían trabajando para dar con él. “Lo pudimos identificar cuando se produjo la entrega del material de los celulares de los detenidos, donde surgía su nombre, la fiscalía lo tomó y lo envió a la DDI de Villa Gesell antes de la pandemia. Este chico está con ellos, primero se lo ve en el lugar de los hechos (hasta el momento no se lo ve golpeando) y luego festejando cuando se abrazan yendo hacia la casa que alquilaban”. Hasta el momento este joven no se encuentra ni imputado ni detenido. Los abogados de Báez Sosa no han podido probar su participación en el hecho. Cabe aclarar que, si se trata de un menor de edad, este proceso judicial estará a cargo de un fuero de menores.

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino fueron excarcelados y aguardan el juicio en Zárate

Consultado sobre la excarcelación otorgada a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, el Dr. Amendola fue contundente: “Vamos a pedir cadena perpetua para todos, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Fernando Burlando y compañía consideran que estos dos jóvenes deben estar detenidos en Melchor Romero junto al resto y es por eso que en los próximos días realizarán una presentación formal al Juez David Mancinelli solicitando su regreso a la cárcel. 

“Los padres de Fernando están muy mal, esta causa venía con un ritmo acelerado y la pandemia ha frenado todo, más allá de eso, en su horizonte se centran en que la causa avance y se haga justicia” cuenta Amendola. La relación entre los abogados y familia es tan fuerte que incluso surgen mensajes y consultas por parte de los padres que no tienen que ver con el caso en sí.

La fiscal Verónica Zamboni continúa al frente de la investigación. El representante del estudio de Fernando Burlando señaló que “viene realizando un buen trabajo, tuvimos algún cambio de criterio cuando solicitamos incorporar el agravante por placer. No lo compartió, al igual que el juez. Con el agravante por alevosía tampoco estuvo de acuerdo, aunque finalmente el juez lo certificó. Sabemos que es totalmente normal que esto ocurra”.

Fabián Amendola adelantó que volverán a Zárate para recabar más prueba. Cuentan con material fílmico de disturbios y golpizas que ocurrieron en meses y años anteriores a lo sucedido en Villa Gesell. También buscarán sumar testimonios de jóvenes que hayan sido víctimas de violencia por parte de los imputados.

Si bien es apresurado adelantarse porque restan varias pruebas, la elevación a juicio podría darse entre los meses de agosto y septiembre. Además, los imputados acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa podrían someterse a un juicio por jurados si la defensa así lo solicitara. Este jurado está compuesto por un grupo de personas las cuales son seleccionadas por sorteo a partir de una lista elaborada por la Justicia electoral sobre la base del padrón entre todos los ciudadanos mayores de 21 y menores de 75 años. Una vez constituido, se sortea de esta lista a 48 personas que se le presentan a las partes, Defensoría y Fiscalía, que pueden recusar a los miembros por posibles conflictos de interés u otras razones. Una vez que se excluyen a los participantes objetados se vuelven a sortear los nombres para llegar a la composición final. El jurado determina si existió el delito y la culpabilidad de la persona. La pena es establecida por el juez, que está presente durante todo el proceso y los guía, explicándoles su rol y manteniendo el orden y disciplina de las partes durante el proceso. Para declarar culpable a una persona en la Provincia de Buenos Aires, 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo y para una condena a prisión perpetua se necesita la unanimidad.