Un retroceso que duele: salud mental en tiempos de ajuste

En medio de una escalada alarmante de suicidios en Argentina, el presupuesto nacional para salud mental fue recortado de forma severa en 2024. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la inversión en este rubro representa apenas el 1,82% del presupuesto total de salud, incumpliendo con lo estipulado por la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), que exige destinar un mínimo del 10%.

Este retroceso se da luego de un 2023 donde, por primera vez desde la sanción de la norma en 2010, se había alcanzado el porcentaje legal, con una inversión del 10,1%. El recorte se tradujo en impactos directos sobre áreas sensibles. El Programa de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas, que incluye el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, sufrió una recorte de más de $216 millones.

A esto se suma la preocupante subejecución del gasto asignado. Hasta septiembre de 2024, se había utilizado solo el 68% de lo presupuestado para ese programa. Otras áreas críticas registraron niveles aún más bajos, con ejecuciones que oscilan entre el 58% y el 62%.

Aumento de los suicidios

Este contexto se vuelve aún más crítico ante el aumento sostenido de los casos de suicidio. En 2023, se registraron 4.195 suicidios en todo el país, con una tasa nacional de 9,8 por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires, según el registro del Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo 1.399 casos registrados.

Los datos resultan aún más inquietantes entre jóvenes: el suicidio es ya la principal causa de muerte en personas de 15 a 24 años, y la segunda entre adolescentes, solo detrás de los siniestros viales.

Hospitales en riesgo

El impacto de los recortes no solo es presupuestario. El Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos, estuvo al borde del cierre por decisión del Ejecutivo nacional. La medida fue finalmente revertida tras intensas protestas y denuncias por desmantelamiento del sistema de salud mental.

En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto para salud mental también sufrió una baja del 9% respecto al año anterior. Además, más del 76% de los recursos fueron destinados a hospitales psiquiátricos, en contra de los principios de desmanicomialización que promueve la ley nacional.

La Ley de Salud Mental: avances y deudas pendientes

La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, representó un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental en Argentina. Entre sus principales avances, establece que las personas con padecimientos mentales tienen los mismos derechos que cualquier otro paciente, prohíbe la creación de nuevos manicomios y promueve el cierre progresivo de los existentes, reemplazándolos por dispositivos de atención en la comunidad.

También dispone que al menos el 10% del presupuesto total de salud debe destinarse a políticas públicas en salud mental, un objetivo que recién se alcanzó por primera vez en 2023.

Sin embargo, a casi 15 años de su sanción, distintos especialistas y organizaciones advierten sobre serias limitaciones en su implementación:

• Falta de dispositivos comunitarios: La transformación del modelo asilar al comunitario no se completó. Faltan casas de medio camino, centros interdisciplinarios y atención ambulatoria sostenida.

• Subfinanciamiento estructural: A pesar del piso del 10% exigido por ley, durante años los presupuestos destinados fueron muy inferiores. Incluso cuando se asignan fondos, muchas veces no se ejecutan.

• Capacitación insuficiente: Muchos equipos de salud aún no trabajan bajo el nuevo enfoque. Falta formación específica en salud mental en los niveles primarios de atención.

• Judicialización de tratamientos: En muchos casos, la atención y los tratamientos dependen de órdenes judiciales, lo que retrasa o burocratiza intervenciones urgentes.

• Desigualdad territorial: El acceso a servicios de salud mental varía drásticamente según la provincia, con grandes diferencias entre áreas urbanas y rurales.

• Articulación institucional deficiente: Especialistas señalan la necesidad de fortalecer la coordinación entre los niveles nacional, provincial y municipal, así como entre salud, educación, justicia y desarrollo social.

Líneas de atención en casos de suicidio y crisis emocional