Correo, FMI y parques eólicos: las causas que podrían complicar a Macri si la justicia federal actuara

Mauricio Macri, expresidente de la Nación, está involucrado en al menos tres causas penales activas por hechos ocurridos durante su gestión: el escándalo del Correo Argentino, el endeudamiento con el FMI y los presuntos negocios con los parques eólicos. Todas comparten un patrón preocupante: a pesar de la gravedad institucional de los hechos, ninguna de ellas ha llegado siquiera a una instancia de indagatoria.

A continuación, repasamos el estado actual de cada expediente:

Correo Argentino

El expresidente está imputado por administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles por el acuerdo de condonación del 98,8 % de la deuda perteneciente a su familia. El expediente está en etapa de instrucción en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con peritajes contables en curso.

¿Qué se investiga?

Se trata de una denuncia por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles. El punto central es el acuerdo fechado en 2016 entre el Estado y Correo Argentino S.A. (empresa de la familia Macri), mediante el cual se abonó aproximadamente el 98,8 % de una deuda de USD 296 millones.

Instrucción y evolución judicial

• Iniciada en febrero de 2017, con la imputación del entonces presidente Mauricio Macri y el ministro Oscar Aguad
• Investigada por el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo; la fiscal que intervino originalmente fue  Gabriela Boquín
• Lijo ordenó peritajes contables para determinar si el acuerdo fue "abuso de derecho" y cuál fue el perjuicio real al Estado
• En repetidas oportunidades, Lijo rechazó pedidos de cierre de causa, sosteniendo que era necesario continuar con la instrucción.

Trámites en la Corte Suprema

A fines de diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que ciertos aspectos del reclamo comercial (no penales) relacionados con la quiebra del Correo Argentino S.A. deben revisarse en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ porteño).

De esta manera, los recursos del proceso de quiebra (como la recusación contra la fiscal Gabriela Boquín o decisiones del concurso) deben ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ porteño), no a la Cámara Nacional Comercial Federal. 

Esto implica:

Mayor fragmentación procesal

La causa se divide entre dos poderes judiciales distintos: el nacional (Comodoro Py) y el porteño (TSJ). Eso ralentiza el proceso, ya que cada poder tiene sus propios tiempos, criterios y procedimientos.

Estrategia dilatoria de la defensa

Los abogados de Macri buscan judicializar todo lo posible en el TSJ porteño, considerado más afín al ex presidente. Esto genera apelaciones cruzadas y conflictos de competencia.

Riesgo de freno a la causa penal

Aunque formalmente son expedientes distintos, el avance de la causa penal depende en parte del resultado de la causa comercial, porque allí se analiza la legalidad o no del acuerdo que motivó la imputación penal.

Estado actual

• La causa está en etapa de instrucción, a cargo de Ariel Lijo, sin que hayan sido llamados a declarar (Macri ni otros imputados)

• Se siguen realizando peritajes técnicos-contables para evaluar el perjuicio estatal

• No hay fecha de citación a indagatoria, ni un dictamen que eleve la causa a juicio oral

• Lijo mantiene la causa activa y rechaza su cierre, aunque el tiempo transcurrido ha sido criticado como excesivo

FMIgate - Deuda con el Fondo Monetario Internacional

Mauricio Macri fue denunciado a mediados de marzo del 2021 por fraude y malversación al tomar el préstamo de USD 57.000 M del FMI sin aprobación del Congreso, violando normas financieras y favoreciendo la fuga de capitales.

La instrucción en curso está a cargo del Juzgado Federal N° 5 (jueza Capuchetti), con querella de la Procuración del Tesoro.

¿Qué se investiga?

Denuncia por fraude, administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, por el préstamo de USD 57.000 M tomado del Fondo Monetario Internacional en 2018–2019. Se cuestiona que se tomó sin aprobación del Congreso, sin estudios técnicos y se utilizó para sostener la emisión de LEBACs y favorecer la fuga de capitales.

Imputados

• Mauricio Macri (ex presidente)

• Nicolás Dujovne (exministro de Hacienda)

• Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris (ex presidentes del Banco Central)

Fase actual y estado procesal

La causa está en etapa de instrucción (fase inicial), donde se estudian pruebas, se evalúa la actuación de los imputados y se tramitan medidas como el levantamiento de secretos bancarios. La investigación sigue acumulando informes del Banco Central y la Sigen, además de cuestionamientos sobre el uso del préstamo. Aún no se efectuaron indagatorias.
 

Causa “Parques Eólicos”

La hipótesis central de la Justicia es que empresas vinculadas a la familia Macri (especialmente a su hermano, Gianfranco Macri) participaron de un negocio millonario con parques eólicos entre 2016 y 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, sin haber participado en licitaciones y obteniendo ganancias extraordinarias.

El Gobierno nacional, a través del programa RenovAr (impulsado por el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren), abrió licitaciones para el desarrollo de energía renovable. La empresa Isolux Corsán, de capital español, ganó la adjudicación de seis parques eólicos.

En 2016, Isolux —con problemas financieros— vendió esos derechos a Sideli S.A. y Sidsel S.A., dos empresas sin antecedentes en el sector.

Estas firmas fueron creadas poco antes de la operación, y están vinculadas a Gianfranco Macri y al contador histórico de la familia, Víctor Payaslian. Las ventas se hicieron sin autorización oficial previa ni nueva licitación pública.

Poco después de comprar los parques, Sideli y Sidsel revendieron algunos de ellos a terceros, en especial a la empresa china Goldwind, con márgenes de ganancia cercanos a los USD 70 millones.

En ningún momento desarrollaron ni operaron los parques: solo compraron barato y revendieron caro un negocio adjudicado originalmente a otro grupo.

Se sospecha que:

• Se usó información privilegiada desde el Estado (el propio gobierno de Macri).

• Hubo negociaciones incompatibles: el presidente pudo haber beneficiado a su entorno familiar desde el Ejecutivo.

• Se generó un perjuicio al Estado, ya que se favoreció un circuito cerrado sin competencia real ni licitación.

Aunque Mauricio Macri no figura como accionista directo, las empresas involucradas están vinculadas a su hermano y su círculo de confianza. Como presidente, tenía poder de decisión sobre los organismos que intervinieron (Ministerio de Energía, Secretaría de Energía, etc.). Se investiga si permitió y encubrió un esquema de negocios a favor de su entorno, algo tipificado como negociaciones incompatibles y/o defraudación contra la administración pública.

Estado actual de la causa

La causa está radicada en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con el fiscal Eduardo Taiano.

• Ya se citaron a testigos, se solicitaron informes de la AGN, AFIP, bancos y registros societarios.

• Se pidieron las indagatorias de Gianfranco Macri, el contador Payaslian y exfuncionarios como Aranguren.

• Mauricio Macri aún no fue llamado a declarar, pero su nombre aparece en las presentaciones de los querellantes como máximo responsable político.