El Gobierno oficializó la extensión de la intervención en la AFI

El Gobierno oficializó una prórroga sobre la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por otros seis meses e informó que en los próximos días será enviado al Senado de la Nación el pliego para que la actual interventora, Cristina Caamaño, sea designada como directora del organismo.

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 540/2020 publicado en el Boletín Oficial, se formalizó la intervención de la AFI por 180 días, a partir de la fecha de vencimiento, el 21 de junio próximo, que había sido establecida en el decreto 52/19, del mes de diciembre pasado, cuando se había dispuesto la medida.

En los considerandos del decreto se indica que la AFI, en los últimos años, "profundizó los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”.

En esta línea señala que la intervención no implicó “dejar de lado la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar adelante el cumplimiento de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo”.

Asimismo se indica que, desde la designación de Caamaño como interventora “se han comenzado a disponer modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”.

Estos cambios marcaron “una modificación esencial sobre una de las áreas que mayores distorsiones había evidenciado, relativa a la indebida interacción con el sistema de administración de justicia, lo que se consolidó con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214 del 4 de marzo de 2020, que prohíbe a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.

Vale recordar que en las últimas semanas Caamaño denunció ante la Justicia el presunto espionaje ilegal llevado a cabo durante la gestión de Mauricio Macri y presentó ante la Justicia correos electrónicos que fueron intervenidos ilegalmente, así como fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G20 que se realizó en Argentina.

Registrada bajo el número 2916/2020 y aludiendo a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", la denuncia marca un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados.