E/Por Leandro Matilla
El reciente veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario es un ataque directo a uno de los pilares más valiosos de nuestra identidad nacional: la universidad pública, gratuita y de calidad.
Se trata de una decisión política que busca desfinanciar la educación y condenar al pueblo argentino a un futuro con menos oportunidades. Milei no solo veta una ley: veta derechos, veta sueños y veta el futuro de miles de estudiantes que encuentran en la universidad pública la posibilidad de transformar su vida y la de sus familias.
La educación pública no es un gasto ni un privilegio. Es una conquista histórica, fruto de la lucha del movimiento estudiantil, de las y los trabajadores y de toda una sociedad que entendió que el conocimiento es el motor de la igualdad y el desarrollo. Vetar su financiamiento es darle la espalda a la ciencia, a la salud, a la industria y a la movilidad social.
Lo que está en juego no son números fríos de un presupuesto: es la posibilidad de que cada estudiante, sin importar dónde haya nacido, pueda estudiar, formarse y aportar al crecimiento del país. Es la esencia misma de la justicia social.
Lo decimos con claridad: no vamos a permitir que destruyan lo que construimos con décadas de esfuerzo colectivo. Frente al ajuste, frente al odio y frente al desprecio por lo público, vamos a defender la universidad con la misma fuerza con la que se levantaron sus paredes y se abrieron sus aulas.
La universidad pública es motor de igualdad, de transformación y de desarrollo. Y mientras haya un estudiante con la esperanza de un futuro mejor, habrá un pueblo organizado dispuesto a defenderla.
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