Tras la polémica: Qué dice el decreto sobre las "estampillas alimentarias"

Paulatinamente y bajo distintas circunstancias, la ciudad de Zárate comenzó a aparecer con gran frecuencia en medios nacionales en el marco de distintas problemáticas y situaciones que atañen al distrito. Durante la jornada del martes, fue novedad la decisión del Ejecutivo Municipal de lanzar una serie de estampillas destinadas a la compra de mercaderías para sectores vulnerables de la población.

Será motivo de otro artículo el particular abordaje periodístico, ya que la noticia no tuvo trascendencia en el plano local sino hasta que los medios masivos de comunicación replicaron la novedad con gran celeridad. La avidez de generar un impacto mediático impulsada por un sector opositor de la política local, derivó en algunos tropiezos informativos como llamar “peronista” al intendente Osvaldo Cáffaro o decir que la medida se encuentra en aplicación, cuando aún no fue refrendada por el Concejo Deliberante.

Ahora si, a lo que nos compete. La denuncia que hace parte de la oposición aglomerada en el bloque de Juntos por el Cambio de la ciudad de Zárate, tiene que ver con lo que definen como una medida de riesgo al tratarse estas estampillas, de una “cuasimoneda”.

El Decreto Municipal menciona que el inciso 2 del Artículo 89.3 de la Ordenanza Fiscal en vigencia, faculta al Ejecutivo Municipal a “aceptar en pago por los tributos vencidos o a vencer otros valores, como ser el canje por bienes y servicios necesarios para la administración municipal”.

El documento continúa argumentando que, en el marco de la necesidad y urgencia actual, el Ejecutivo requiere poner en marcha la cancelación de las deudas tributarias a través de mercaderías y productos que “puedan ayudar a paliar la situación de emergencia alimentaria y sanitaria de las familias zarateñas que se encuentren en grave estado de vulnerabilidad económica”.

La medida, que aún no entró en vigencia pues aún debe reunir los consensos necesarios en el recinto legislativo, ya fue adelantada a los comerciantes deudores que quedarían incluidos en el régimen, lo cual despertó profundas oposiciones. Una de las principales críticas recogidas por Corré La Voz, tiene que ver con que el sector comercial –seriamente afectado por la pandemia- se verá forzado a saldar una deuda real y concreta, en medio de un escenario de excepción y donde, desde hace varias semanas, se registran sendas interrupciones en las cadenas de pagos.

Por otra parte, y según conforma la batería de argumentos del Ejecutivo para avanzar con esta iniciativa, el Decreto sostiene que, atento a que a raíz de la suspensión de los términos procesales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en el marco del ASPO, “la Administración Pública Municipal se encuentra impedida de iniciar los procesos de apremios tendientes a lograr el cobro judicial de sus acreencias”, por lo cual se complejiza la recaudación tributaria de las deudas.

La opinión de muchos comerciantes es que contraria a la idea “solidaria” que define el Municipio ya que, si bien podrán rendir las estampillas en concepto de pago de sus deudas, no queda claro cómo podrán rendir –en términos de dinero real- la mercadería que entregarán a los vecinos que paguen bajo esta modalidad.

En caso de que el Concejo Deliberante refrende el Decreto Municipal, el Ejecutivo procederá, en principio, a la impresión de “estampillas alimentarias de compensación de tributos, cuyo valor será de $100 por cada una. El comerciante, se verá obligado a detallar los productos objeto de la compensación en especie. La medida tendrá un plazo de ejecución de tres meses, prorrogable por un plazo igual en caso de perdurar la situación de excepción.