Desafíos y soluciones en el sistema de salud en la Argentina

La fragmentación y segmentación del sistema sanitario argentino representan uno de los mayores desafíos estructurales. Este modelo mixto divide la atención en tres subsistemas descoordinados (Público, Obras Sociales y Privado), lo que produce fuertes inequidades en el acceso a la salud y en la calidad de las prestaciones.

La descentralización del sistema de salud en Argentina responde a su estructura de federalismo sanitario. Las provincias nunca delegaron esta competencia a la Nación, lo que les otorga autonomía para legislar y administrar sus propios modelos sanitarios.

Recién en la década de los cuarenta del siglo XX y con el advenimiento del peronismo, se le otorga un nuevo rol al Estado, y este comienza a ocuparse también de la salud individual de las personas hasta entonces cada provincia mantuviera la potestad de legislar en salud, atento a que cada una de ellas presentaba una problemática diferente en cuanto a los condicionantes sociales de la salud.

Por otra parte, sabemos que la atención sanitaria se cubre, en nuestro país, a través de tres subsistemas:el público, el privado y el de la seguridad social; con bastante fragmentación, a su vez, cada uno de ellos.

La complejidad se incrementa porque aproximadamente un 10% de la población posee múltiples coberturas (por ejemplo, obra social y medicina prepaga en simultáneo).

La inequidad existente en el acceso y tratamiento de los problemas de salud, también contribuyó nuestra costumbre de legislar por enfermedad.

Hoy tenemos leyes prácticamente para cada enfermedad declarada como tal por la OMS. Algunas son de carácter nacional, a las que adhirieron unas provincias y otras no; algunas otras fueron dictadas por las propias provincias con ámbito de aplicación dentro de su propio territorio.

Las causas están a la vista; cuando el acceso es inequitativo son los jueces los que buscan restablecer la equidad en las prestaciones. Sin embargo, esto viene dando lugar a la existencia de un Poder Judicial colapsado de causas y ha provocado la extensión de los programas prestacionales por decisión judicial y anticipándose a su financiamiento.

Una posible solución

El dictado de una Ley Nacional de Salud que equipare el acceso y el tratamiento de las enfermedades (más allá de las regulaciones específicas emanadas de los organismos que deben aplicarla), consensuada por todas las provincias.

Una excelente alternativa sería también trabajar en la prevención, tanto de errores médicos como de los conflictos que puedan llevar a la judicialización por causas, como la falta de prestaciones por parte de los financiadores de la salud.

En conclusión es necesario la promulgación por parte del congreso de una Ley Nacional de Salud consensuada es clave para reducir la fragmentación sanitaria. Un marco legal de este tipo aportaría claridad a los derechos de los pacientes y ayudaría a frenar la judicialización, un problema potenciado por la falta de cobertura y los avances tecnológicos.

Por Ricardo Nadir Graciadio

Abogado, Magister en Derecho Civil

Doctorado en Ciencias Jurídicas

Especialista en Derecho de Daños