El terreno que pertenece a la familia Álvarez sigue usurpado y los propietarios confían en que la Justicia podrá avanzar con el desalojo en las próximas semanas.
Momentos de gran tensión se vivieron en el barrio de Villa Negri el pasado domingo 28 de junio, cuando un grupo de efectivos policiales se hizo presente en un predio de Saenz Peña y calle 10, para ejecutar una medida de desalojo.
La resolución fue dispuesta por el Juzgado de Garantías Nro. 2 con la firma del Dr. Julio Grassi, a solicitud de la titular de la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana, la Dra. Andrea Palacios. Al lugar, llegó el personal policial de Zárate junto a los propietarios del terreno que tenían en su poder las escrituras del predio, así como también la orden emitida por el juzgado.
Si bien el objetivo era desplazar a los usurpadores y restituirle la propiedad a sus legítimos dueños, pero el oficio no pudo ser cumplido, ya que al arribar los uniformados comenzaron a llegar al predio vecinos del barrio blandiendo palos y machetes, y dispuestos a no ceder su posición.
Fue en ese momento en el que se vivieron situaciones de gran violencia, dado que los ocupantes ilegales manifestaban desconocer la validez de la medida judicial, por lo que se entabló una tensa discusión que superó la capacidad de orden de los agentes policiales.
Durante el operativo, Franco Álvarez, el propietario de predio, recibió un golpe que originó una situación de agresiones cruzadas, por lo cual los efectivos policiales debieron suspender el procedimiento y retirarse del lugar.
Se producen aquí al menos dos escenarios y distintas realidades: por un lado, una problemática real que tiene que ver con el acceso a la vivienda; pues algunos de los usurpadores se ubican en un sector social de gran vulnerabilidad, con la imperiosa necesidad de contar con un lugar donde vivir. Pero por otro lado, y según versiones recogidas por este medio, otros vecinos que también forman parte de la usurpación, estarían coordinados por grupos de personas que alientan esta actividad ilícita capitalizando una ineludible necesidad de hábitat que el Estado no supo atender hasta el momento.
Sobre el primer punto, un caso que clarifica es el de Florencia, una vecina que forma parte de la usurpación; la mujer, madre de una niña de 4 años y un niño de 3, quien presenta un cuadro de paralisis cerebral infantil, estuvo viviendo dos semanas en una carpa en una zona conocida como “La quema”, cerca de un basural. Recientemente, pudo montar su vivienda en el terreno usurpado, en las inmediaciones de Saenz Peña y calle 14.
“No tenía donde ir, si tuviera donde ir no estaría haciendo esto. No tengo problemas en desalojar, pero necesito que me ayude el Estado o la Municipalidad para conseguir una vivienda”, comentó y agregó que tiempo atrás se acercó a las oficinas municipales ubicadas en Hipólito Yrigoyen y Alem para solicitar colchones y frazadas, pero desde el Estado Municipal en ningún momento le tendieron una mano.
En dialogo con CLV, desde la familia propietaria del predio adelantaron que continuarán el reclamo por la vía judicial hasta lograr que el terreno sea restituido.
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