No es defensa técnica sino negacionismo del terrorismo de Estado

Los abajo firmantes, abogados representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideramos ineludible poner en conocimiento de las Autoridades del Estado, de los Organismos de Derechos Humanos y del público en general, que el abogado GUILLERMO FANEGO, defensor particular del procesado por delitos de lesa humanidad Omar Edgardo Di Nápoli, juicio que se ventila en estos momentos ante el TOF 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, durante sus intervenciones, reiteradamente y fuera del estricto abordaje de su función técnica en asistencia de su defendido, viene incurriendo en ofensas, descalificaciones e imputaciones injuriantes contra todas las partes acusadoras, inclusive contra el representante del Ministerio Público Fiscal, que constituyen –más allá de los incomprensibles agravios personales- un verdadero público negacionismo del plan sistemático de terrorismo de estado que asoló a nuestro pueblo entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, hecho que ha sido motivo de reconocimiento y declaración judicial, pasado en autoridad de cosa juzgada, por nuestro más Alto Tribunal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el marco del proceso judicial antes referido, el abogado FANEGO viene reiteradamente incurriendo en graves excesos verbales, injurias y faltas de respeto, no solo hacia las partes querellantes, llamándonos “comisarios políticos”, “representantes ilegales”, “militantes que trabajamos para escalar posiciones”, que “siente vergüenza de llamarse colega nuestro”, que se siente afectado “porque con sus impuestos se paguen nuestros haberes”, entre otros despropósitos totalmente ajenos a su labor técnica jurídica específica en asistencia de su defendido, sino también, lo cual es mucho más grave, hacia las víctimas, a las que se refiere recurrentemente como “mentirosas”, “terroristas”, “mercenarias”, en una arenga típica pro dictadura, y claramente negacionista del terrorismo de estado que sufrió la inmensa mayoría de nuestro pueblo durante uno de los períodos más oscuros de nuestra historia. Ello, a la vez, implica una incuestionable revictimización para las víctimas, que lo fueron de hechos atroces y aberrantes, que participan de las audiencias por vía remota, o conocen después de semejantes exabruptos y manifestaciones.
Denunciamos estos hechos bochornosos a fin de que sean de conocimiento público, se expidan al respecto quienes consideren inaceptable lo expuesto, y en particular quienes preservan un sentimiento de respeto por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, como deberes indiscutidos del Estado Argentino, que comprende a los tres poderes y al pueblo de la Nación.
Agraviar a quienes en ejercicio de nuestra profesión de abogados cumplimos con un deber constitucional, no es ejercicio de la defensa, es buscar entorpecer la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Negar el pasado terrorismo de estado no es una opinión, es negar el derecho vigente y buscar abrir las puertas a su repetición.

Yanina Michelena, apoderada de la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. 

Tº 607 – Fº 289 - CFALP.

Ciro Annicchiarico, apoderado de la Secretaría de DDHH de la Nación.

Tº 24 – Fº 509 - CSJN