La Policía Bonaerense involucrada en la muerte de otro joven

En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón estaba festejando su cumpleaños número 18. Con un amigo fueron, en moto, a comprar gaseosas en un maxikiosco. Cuando regresaban a su casa, en Villa Scaso, González Catán, partido de La Matanza, una patrulla policial comenzó a perseguirlos y los agentes dispararon contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Nahuel y de esa cruel manera, los policías decretaron que ese fue su último cumpleaños.

En una actitud que los incrimina, los ocupantes del móvil policial se dieron a la fuga. La rápida intervención de militantes de la agrupación Hijos La Matanza, permitió identificar a los prófugos: los policías de la Bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte. Los dos fueron detenidos por orden de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo de Juan Pablo Tahtagian, ante quien los uniformados se negaron a prestar declaración indagatoria.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como querellante en representación de la familia de la víctima, señaló que Lucas fue “fusilado” por los policías. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”.

La CPM recordó que durante el pasado mes de junio, la Policía Bonaerense “produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas” dado que “fueron 18 las muertes” por violencia institucional. A esa nómina se sumó, en las últimas horas, un caso ocurrido en Chascomús.

La víctima, Raúl Dávila, de 22 años, estaba detenido desde el 27 de junio en la comisaría local por “resistencia a la autoridad”. Murió como consecuencia de un incendio en el calabozo donde se encontraba preso por una contravención cuya sanción no debe superar nunca las 48 horas de arresto.

Sobre la violencia policial en junio, la CPM precisó que la mayoría de las víctimas son “varones, jóvenes y pobres”. La CPM denunció que las cifras van “en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.

El homidio de Lucas Nahuel Verón, en la madrugada del viernes pasado, fue calificado por la CPM como un “caso de gatillo fácil”, luego del cual los ocupantes del móvil policial “huyeron del lugar”.

La rápida intervención de la agrupación HIJOS La Matanza hizo posible la identificación y detención de los dos policías responsables de lo sucedido. Los militantes de HIJOS se reunieron con la familia de la víctima y tomaron contacto con varios testigos. La primera medida tomada por la CPM fue evitar que la policía les tomara declaración a los testigos en la sede de la comisaría interviniente.

La fiscalía que interviene había avalado la declaración de los testigos en la sede policial, en contra de lo que marcan las normas vigentes en la materia, “con la excusa de carecer de personal”.

El chico, menor de edad, que iba con Lucas en la moto “recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar”. Por gestión de la CPM, los testigos y el joven que iba con Lucas declararon en la fiscalía, donde todos “describieron de manera precisa el asesinato policial”. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora. Los dos policías, además de ser detenidos, fueron desafectados en forma “preventiva” por la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La inmediata detención de los dos policías involucrados marca diferencias con lo sucedido en otros casos graves, donde los uniformados siguen en libertad y hasta en funciones. Esto pasa con los responsables del homicidio de dos jóvenes en San Nicolás o en el caso de torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata.

Los policías detenidos por la muerte de Lucas Verón están imputados por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". En la causa interviene la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mary Castillo. La fiscalía ordenó el peritaje de las armas que portaban los dos policías, para determinar de cuál salió el disparo mortal.

En tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense informó que decidió acompañar a la familia de Lucas Nahuel Verón. “Ante los casos de violencia institucional, nuestra preocupación como Subsecretaría es el rápido y eficaz esclarecimiento de los hechos", señaló el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno, en un parte de prensa.

La Subsecretaría intervino en el caso a través del Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, quien "articuló con referentes territoriales" la búsqueda de testigos que declararon la fiscalía de La Matanza . Esos testigos habrían presenciado el momento en que "por lo menos uno de los agentes detenidos" le disparaba al joven, consignaron fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Luego de recibir estos testimonios, el fiscal tomó declaración indagatoria a los policías y dispuso la aprehensión de los dos agentes involucrados.

Además, desde el organismo de gobierno se solicitó a la fiscalía que informe "las medidas de prueba llevadas a cabo y las que continúan pendiente" y que "se investigue el intento de los policías detenidos de incorporar mediante coacción, testimonios que buscaban ocultar o modificar los hechos".

Por otra parte, la Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, a cargo de Eliana Morrone, realiza el acompañamiento psico-social a la familia de Lucas Verón, y en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Matanza, se estableció contacto permanente con los familiares del joven para realizar un acompañamiento articulado. "Tenemos la decisión política de intervenir, acompañar a la familia, articular con todos los organismos del Estado y con las organizaciones territoriales, porque en una provincia para todos no hay margen ni lugar para la violencia institucional”, remarcó Moreno.

Luego del crimen, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia desafectó a los dos agentes involucrados en este crimen y les retiró el permiso de uso de uniforme, placa y armas (que ya estaban a disposición de la Justicia).

Berni y su policia bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el pide que se investigue el caso y apuntó contra la policía de la Provincia y recordó los últimos casos en los que la fuerza de seguridad está apuntada por mal desempeño. “En el mes de junio la policía bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”, indicó el organismo.

En los últimos días, la Policía Bonaerense fue el centro de atención por la desaparición de Facundo Castro, el joven de 22 años fue visto por última vez el 30 de abril pasado, cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero.

En este caso, los efectivos de seguridad presuntamente involucrados son Jana Jennfier Curuhincha, Mario Gabriel Sosa, Siomara Ayelén Flores y Alberto González, quienes estuvieron en contacto con él el día que salió de su casa en el pueblo Pedro Luro.

No se expidieron al respecto e Gobernador Axel Kicillof de Provincia de Buenos Aires ni el Presidente Alberto Fernández. El Ministro de Seguridad, Sergio Berni solo se puso a disposicion de la familia de Facuando Castro cuando el tema llegó a los medios, pero no hizo lo mismo con la familia de Lucas.