La conflictiva relación de Bolsonaro con los pueblos originarios

/ Por Mateo Tedesco

Jair Bolsonaro revocó artículos de una ley aprobada que preveía un paquete de medidas de ayuda sanitaria y económica para los pueblos originarios y quilombolas de Brasil. Justificó el veto parcial por “los gastos que supone” y su posible “impacto en el presupuesto". Aunque diga que tiene razones económicas para no promulgar la ley, Bolsonaro ha desconocido con frecuencia los derechos de los pueblos originarios.

La ley fue presentada por la diputada indígena Joenia Wapichana, del estado de Roraima, región amazónica, donde habita una parte importante de los pueblos originarios del país. Ha sido reconocida con frecuencia por su defensa de los derechos humanos, y es sin dudas un baluarte de las comunidades indígenas frente a las políticas de Bolsonaro. Tras haberse aprobado la ley en ambas cámaras el pasado mes de junio, el presidente vetó algunos artículos.

Entre algunos de ellos se pedía otorgar “de manera urgente” camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos a los indígenas, así como la provisión de respiradores, máquinas de oxigenación sanguínea, distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección en las aldeas. Por último, vetó otros puntos de la ley que preveían medidas económicas para este pueblo, como una ayuda estatal de 600 reales.

Aunque parezcan esenciales estos puntos en plena pandemia, Bolsonaro desconoce su importancia. Tal vez el historiador Michel Gherman tenga razón al decir que para Bolsonaro “el coronavirus no es un problema, sino una solución: un virus que purifica, que limpia a Brasil de los débiles”.  Según la APIB ya son 122 las etnias indígenas afectadas por el coronavirus, hay más de 12.000 infectados y 445 muertos.

En un artículo académico publicado en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Oscar Aguero dice que en los Estados modernos hay una estrategia estatal de "biopolítica" que "decide lo que debe vivir y lo que debe morir”. Agrega que, el racismo consiste en la justificación de “la muerte del otro, en la medida en que amenaza la raza", o aquello que el Estado entiende como normal. La biopolítica estatal se basa en la oposición entre lo que debe ser asimilado y lo que debe ser aniquilado. Para Foucault "matar" no significa simplemente el asesinato directo sino también la privación de poder.

Se aclara que 'matar' no es simplemente el asesinato directo, sino todo lo que puede ser también muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o más simplemente la muerte política, la expulsión. Vetar artículos que representan una ayuda imprescindible (por la expresa vulnerabilidad de los pueblos originarios en las estadísticas negativas de COVID-19) en lo sanitario, puede constituir en una forma de muerte indirecta al postergar políticas dirigidas a ellos

Stefano Varese es un antropólogo que reconoce a los indígenas como “miembros históricamente marginales de la sociedad civil latinoamericana”. Describe que la adaptación a la vida política se da “participando e intentando obviar la mediación de los estados nacionales”. Algo de esto ocurre con la lucha de la mencionada diputada indígena Joenia Wapichana justamente “entrando al sistema político” para poner en relieve derechos olvidados.

"Con seguridad el indígena ha cambiado, evolucionó, cada vez más el indígena es un ser humano igual a nosotros", dijo Bolsonaro en enero, y concluyó: "Entonces, hacemos que el indígena cada vez se integre a la sociedad y sea realmente dueño de su tierra indígena. Es eso lo que queremos". El presidente omite tanto la condición de ser humano como desconoce el territorio de los pueblos originarios.

Stefano Varese también argumenta el sistemático maltrato, época tras época, sobre la condición humana hacia estas comunidades: “Cuestionados desde el principio en su propia humanidad por los invasores europeos, finalmente han sido amenazados durante los últimos siglos de vida republicana a dejar de ser colectivamente para sobrevivir individualmente”. 

Sobre el territorio de los primeros pueblos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas establece que “los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de sus tierras, territorios y recursos” (art 26 inc 3). Por recursos naturales se pueden ver más atropellos del presidente brasileño: “Donde hay tierra indígena, hay riqueza debajo”, dijo hace unos años. Bolsonaro ha presentado en materia legislativa leyes que podrían legalizar la actividad de la minería ilegal en el Amazonas, contrario al capítulo VII de la constitución (art 231) en el que se enumeran derechos especiales de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales. 

Retomando el artículo de Aguero, se ha despertado una conciencia entre los pueblos originarios para rechazar las relaciones interétnicas asimétricas y malignas dentro de las "sociedades nacionales". La conciencia se ha ido expresando y sistematizando no sólo en discursos sino también en políticas y proyectos de ley. Quedará en manos del Congreso brasileño reconfirmar el veto parcial, o bien ponerle trabas a la decisión de Bolsonaro.