Quizás el camino más corto de recuperación económica. Por Economía & Ciudades.
En los últimos días, una entidad que agrupa a cámaras y organizaciones del sector agropecuario y agroindustrial ha dado a conocer, en diversos estamentos públicos y privados, un plan de fomento de metas ambiciosas: un horizonte de incremento de exportaciones a diez años de 35.000 millones de dólares, y la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Este documento no ha sido el único presentado en las últimas décadas. El anterior fue el “Plan Estratégico agroalimentario y agroindustrial, participativo y federal 2010-2020”, durante la gestión presidencial de Cristina Fernández. El actual Consejo Agroindustrial Argentino dice representar a las economías agroindustriales de todo el país, con fuerte presencia federal. Empresas argentinas, Pymes, medianas y grandes, que apuestan a la generación de empleo a través del desarrollo económico y social sostenible.
El objetivo del programa es “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agroalimenticio (biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos”. Para ello, resulta indispensable definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras, y técnicas, con efectos fiscales neutros. Así, sostienen, se lograría llegar a la meta de U$S 100 MM anuales (hoy U$S 65 Mil millones).
Los puntos centrales del nuevo plan giran alrededor de alicientes para empresas, así como refuerzos presupuestarios para entidades como INTA y SENASA, Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El plan sería administrado por una autoridad de aplicación dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Seguramente, desde lo más territorial, se requiera la participación de los gobiernos provinciales, muchos de ellos con satisfactorias gestiones en la materia. Además, y en un marco más general, la Mesa propone elaborar propuestas sectoriales de crecimiento sustentable de producción y exportación con mayor valor agregado y definir los mercados estratégicos a exportar. En materia fiscal, se plantea estabilidad financiera e impositiva por el término de 10 años.
El impacto esperado muestra proyecciones de exportaciones que fueron calculadas sobre la base de la matriz insumo-producto de los complejos agroindustriales, en millones de dólares, para los próximos años, considerando como período base 2019 y año objetivo al 2025. En ese período se llegaría a un incremento de las exportaciones del sector de MU$ 16.000, que generará un efecto total de movimiento económico de MU$ 31.000.
Ahora bien, este proyecto requiere transferencia de recursos cuyo monto no está explicitado. Todo beneficio impositivo hacia un sector implica incremento impositivo o retracción de partidas a otro/s. por ejemplo, en el caso del fomento (subsidio) a inversión en bienes de capital, la herramienta a utilizar puede ser o subsidio de tasa de interés o acceso preferencial a créditos disponibles. En ambos casos, si lo recibe la agroindustria dejará de estar disponible para otro sector. Los recursos son finitos. El punto central entonces es reconocer que un plan de fomento implica asignar recursos en cierta dirección. Por ende, los eventuales beneficios deberán contrastarse con los costos en términos de sacrificios de otros sectores.
Una dificultad en la ejecución podría generarse si nos consultamos acerca de qué tipos de empresas podrá sortear los obstáculos burocráticos para acceder a este tipo de plan (formulación de planes de negocios, registros contables, papeleos y presentaciones). Claramente las de mayor tamaño, y mejor acceso al know how administrativo. Otras quizás quedarán en el camino.
En Economías&Ciudades advertimos sobre la factibilidad del Plan de Reactivación Agroindustrial. Entendemos como muy relevante la conformación e integración del Consejo Agroexportador, principalmente porque está compuesto por entidades que representan sectores que difieren históricamente sobre el sendero de crecimiento del sector y del negocio en sí mismo. Estamos hablando del sector productivo más competitivo y que más divisas genera para la economía doméstica. Sólo en el mes de junio de 2020 sus exportaciones representaron el 70% de las exportaciones totales. Con estos datos, y con una administración pública que además de acompañar pueda lograr en conjunto con el sector privado que mayor saldo exportable no genere el traslado inmediato a los precios internos, será el camino más corto para en el mediano plazo crecer sostenida y sólidamente, más allá de eventos transitorios, para ir superando con recursos genuinos los problemas de restricción externa.
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