Cuestión policial, espacio urbano y gestión del conocimiento

/ Por Lic. Pablo Gallardo

La experiencia argentina en materia de crecimiento de las cifras de delitos urbanos en las últimas décadas, nos permite establecer algunos planteos básicos sobre la “cuestión policial”, alejados de ciertos paradigmas o percepciones relativamente dominantes en los debates públicos sobre la temática.
Lo primero que es dable señalar es que el incremento del personal policial no ha llevado necesaria y linealmente al descenso en los índices de delitos.
Hacia 2001, 5 años después del estallido securitario en la agenda pública, la República Argentina contaba con un promedio de 178 policías cada 100.000 habitantes, pero hacia finales de 2015 contaba con 803 policías cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 240 recomendado por Naciones Unidas. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, con una proyección de 90.00 efectivos de la PBA, la relación es de 503 cada 100.000 habitantes. Esta progresión geométrica en el crecimiento de efectivos policiales- ciertamente muy mal distribuidos-  no tiene, sin embargo, un impacto directo en la reducción de las tasas de criminalidad urbana.
Aún más, según diversos estudios, el incremento de las detenciones no solo no afecta a la baja de los delitos, sino que genera un efecto de criminalización selectiva sobre ciertos delitos menores, y bajo algunas circunstancias, el aumento de la población carcelaria. Resta aportar, para completar el cuadro, el significativo aumento en la tasa de reiterancia delictiva de los liberados por falta de políticas integrales pos-penitenciarias.
También debemos tomar nota, que la” hiperpoliciación” en el discurso de la seguridad convive con respuestas tradicionales en lo que respecta a estrategias de policiamiento:  ya sea en su faz preventiva o represiva, estas se destacan por su carácter eminentemente reactivo, basadas en respuestas táctico-operacionales como el patrullaje arcaico basado en cuadrículas fijas, los operativos de saturación, los retenes y controles vehiculares aleatorios, los cuales resultan muchas veces -al menos- deficitarios.
Incluso, el patrullaje pedestre, siguiendo el estudio de Kelling - quien defiende este tipo de intervención situacional-  no reduce el índice de delitos, en todo caso, disminuye el sentimiento de inseguridad en ciertas zonas exclusivas y privilegiadas de la trama urbana. Bajo la premisa de  controlar y reprimir desordenes menores considerados “incivilidades”, faltas o contravenciones, faculta a los agentes policiales a un margen de discreción situacional y arbitrariedad bastante fuertes, cuando no de hostigamiento directo  a los sectores subalternos, produciendo más que una “tolerancia cero” una intolerancia selectiva hacia  jóvenes, personas con consumos problemáticos, trabajadoras y trabajadores de la economía informal, como viene sucediendo en el conurbano bonaerense y agravándose durante el contexto de pandemia, según el último informe del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Respecto del patrullaje a pie cabe destacar que en vez de ser la base de constitución de un esquema descentralizado y de proximidad, proactivo y tendiente a la articulación en red con otros actores (docentes y directivos de instituciones educativas, instituciones intermedias, movimientos ciudadanos, otras agencias del estado, etc.), se vuelve predominantemente una actividad superflua, apática y rutinaria. 
Por último, pero no menos importante, el diagnóstico de los principales problemas de delito y violencia parece muchas veces librado al “olfato” policial, generando un sistema débil, desprovisto de toda estructura de análisis de información criminal fiable: estudios sociourbanos, minería y análisis masivos de datos, uso de algoritmos para predicción de escenarios y personas de riesgo, información sectorizada, detección de zonas calientes, etc. Todos estos recursos de inteligencia informática y conocimiento interdisciplinario sobre el delito urbano son lamentablemente desechados para el fortalecimiento de la expertiz policial.
Si sumamos a estas deficiencias institucionales de gestión del conocimiento sobre el delito y la violencia, la falta de rendición de cuentas en materia de resultados, lo que obtenemos no es solo un sistema policial deficiente en lo operativo, sino ante todo, una ausencia de esquema integral e integrado de seguridad preventiva confiable para la ciudadanía.