23A: Marcha universitaria federal

“Queremos manifestar con claridad que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional”, advirtieron hace ya varios días las rectoras y los rectores de las universidades públicas argentinas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Cabe recordar que los fondos asignados por el Gobierno para el sector para este 2024 son los mismos del 2023, lo que cubre las necesidades hasta mediados de año o incluso antes. En este sentido, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró por unanimidad la emergencia presupuestaria. La Universidad del Comahue (Río Negro y Neuquén) anunció suspensión de convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión, reducción de turnos en los servicios de limpieza, suspensión de servicios de telefonía. Por citar tan solo algunos ejemplos.

No es la primera vez que las autoridades universitarias lo hacen, ya en febrero habían difundido una declaración en la que expresaban su preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de los y las trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas; además de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En esta nueva declaración conjunta, las autoridades expresaron: “Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria. Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión. Reclamamos que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa”, .

Es por esto que convocan a “una gran demostración nacional” el martes 23 de abril “en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”.

En universidades, terciarios y escuelas de todos el país ya se vienen realizando en los últimos días asambleas, clases públicas y otras acciones de lucha para darle impulso a la movilización

En tanto, desde el gobierno nacional intentaron instalar esta semana un falso acuerdo con las universidades para frenar la realización de la Marcha. Desde el Ministerio de Capital Humanos, de donde depende la Scretaría de Educación, informaron que habia una propuesta consensuada con representantes de las universidades nacionales para incrementar el presupuesto para el sector. Afirmaban que las asignaciones que envía el tesoro se habían incrementado en un 70% en marzo, y que habría otro aumento similar en mayo, lo que implicaba una recomposición del presupuesto de 140% (estos porcentajes además están dirigido solo a gastos de funcionamiento, sin tener en cuenta porn ejemplo los sueldos de les docentes y residentes). Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclararon de inmediato que tal acuerdo no existía y ratificaron la movilización del 23.

“No se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno. Sostenemos el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras. La marcha convocada para el 23 de abril (…) se realizará como estaba prevista, pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”, respondieron desde el CIN.

Previamente se había producido además un fuerte ataque por parte del Ejecutivo nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza que acusó contra las universidades y docentes acusándolos de “adoctrinadores”, también los calificó como “salamines firmadores de cartas de indignación”, y agregó que la educación pública genera “disonancia cognitiva”.

Esta semana también hubo varias demostraciones tanto de las problemáticas que sufren las universidades por el recorte presupuestario como del gran poder de movilización de la comunidad educativa.

En varias facultades de la la Universidad de Buenos Aires (UBA) se resolvió limitar el uso de la electricidad, por lo que en varias aulas el dictado de clases fue prácticamente a oscuras, además de inhabilitar el funcionamiento de la mayoría de los ascensores.

Por ejemplo, la Decana de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Adriana Rodríguez, dio a conocer la situación crítica presupuestaria que atraviesa la Facultad (FAUBA) en particular y la UBA en general, durante una reunión con toda la comunidad docente, nodocente y estudiantil.

“El Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 al 2024. Considerando que la inflación entre febrero de 2023 y marzo de 2024 fue de 276%, y que el gobierno anunció un aumento de solo el 70% para los gastos de funcionamiento, esto representa un recorte real del 55%. Considerando además que la U.B.A. no está recibiendo fondos para el funcionamiento de sus hospitales, la caída en términos reales para gastos de funcionamiento de toda la U.B.A. es del 80% (…). En todas las gestiones anteriores independientemente del Gobierno, para el segundo semestre la Universidad solicitaba un incremento presupuestario, un refuerzo para corregir la inflación. No es verdad que nuestra universidad reclama en algunos casos y en otros no”.

Rodríguez también se refirió a la preocupación por el desfinanciamiento en investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación. La deuda con FAUBA actualmente es de 175 millones de pesos en Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT); 350 millones en Proyectos del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y 4.300 millones en los proyectos “Construir Ciencia” del mismo organismo: “Nuestra Facultad, así como el resto de las facultades de la UBA tenemos una función en investigación muy potente y es uno de los valores de nuestra universidad. Es un pilar fundamental y una de las causas por las cuales, a pesar de los pocos recursos que tenemos, estamos en los puestos de los rankings mundiales”, señaló la Decana.

Desde AGD UBA expresaron: “Además del presupuesto, los docentes marchamos por una recomposición salarial, con salarios por debajo de la línea de pobreza, muchos docentes piensan en renunciar a la universidad o comienzan a buscar otros trabajos”.

En este sentido, el Frente Sindical de Universidades Nacionales informó su rechazo a la última propuesta salarial realizada el jueves 18 de abril por el gobierno nacional de un incremento salarial para el mes de abril del 8%. Consideraron que es totalmente insuficiente ya que no recupera la pérdida salarial del orden del 50% que recae sobre los salarios de las y los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas.

La situación es tan crítica que incluso instituciones privadas sumaron su apoyo y participación a la movilización del martes. Es el caso de los estudiantes autoconvocados de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), como de un grupo de más de 100 profesores de la Universidad San Andrés.

Finalmente, en las últimas horas, la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, confirmó una convocatoria para el 30 de abril, para consesuar la ampliación del presupuesto, procesos de auditoría y fiscalización de la ejecución de los fondos, además de oficializar un cronograma de desembolsos. Esta acción tampoco podrá evitar la multitudinaria marcha de este martes: “Una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.
 

(Red Eco Alternativo)