A diferencia de países como Brasil y Chile, que cuentan con normativas estrictas para la conservación de sus ecosistemas, la Argentina sigue operando con regulaciones fragmentadas y muchas veces desactualizadas. El país no tiene un Código Ambiental unificado, lo que significa que la gestión de los recursos naturales depende de leyes dispersas que, en muchos casos, no se aplican o carecen de financiamiento.
La situación se ha agravado con el recorte del 65% en el presupuesto del Ministerio de Ambiente en 2024, dejando a programas clave, como la Ley de Bosques, prácticamente sin recursos.
Este desmantelamiento impide la fiscalización de actividades que amenazan la biodiversidad y limita las acciones preventivas necesarias para evitar la degradación ambiental.
En la actual administración de Javier Milei, la política ambiental ha quedado en un segundo plano, con un enfoque basado en la desregulación y la minimización del rol del Estado en la protección de los ecosistemas.
Algunas de las decisiones más cuestionadas incluyen:
- Recorte de fondos para la protección ambiental: Menos recursos para la conservación y fiscalización
- Flexibilización de permisos ambientales: Expansión de actividades productivas sin estudios de impacto ambiental rigurosos.
- Desfinanciamiento de parques nacionales: Reducción de personal y menor capacidad de control sobre actividades ilegales.
Mientras en otros países la tendencia es fortalecer la legislación ambiental, la Argentina se encuentra en un proceso de desprotección que podría traer consecuencias irreversibles.
El impacto de esta ausencia de planificación se refleja en la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y la contaminación del agua y el aire.
Sin una estructura normativa fuerte y sin los recursos necesarios para su aplicación, el país sigue perdiendo su patrimonio natural a un ritmo alarmante.
Si la Argentina no toma medidas urgentes para establecer un marco legal robusto y garantizar su cumplimiento, el deterioro ambiental seguirá avanzando sin control.
La creación de un Código Ambiental Nacional y la implementación de políticas sostenibles deben ser una prioridad en la agenda política. Sin ellas, el costo ambiental, social y económico será cada vez más alto.
Es necesario terminar con los autoengaños ambientalesy de darle la espalda al tema. El tiempo de actuar es ahora, porque el futuro es hoy.
Artículo de Ambientalista Directora del Instituto de Formación Política “Juan B. Alberdi” de Republicanos Unidos
