Impactos en los gobiernos locales por la reforma estatal de los ‘90 y la dimensión participativa de la Democracia

/ Por Guillermo Colella

En esta nota quisiéramos tomar como disparador los argumentos planteados, con total lucidez y acierto, por Fernando Vaccaiani en el artículo “Obligación constitucional, autonomías municipales y nuevas demandas sociales” publicado por Corré La Voz.

Vaccaiani plantea correctamente el problema de la falta de autonomía de los municipios Bonaerenses. En este sentido, quisiéramos hilar fino sobre la cuestión. La reforma del Estado en los ’90 en la Argentina marcó un giro de 180 grados, tanto en las funciones de los municipios, como en su relación con los otros niveles del Estado. Esta reforma estatal se verá sustentada en la reforma de la Constitución Nacional, donde el artículo 123° dictará “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. No obstante, en lo que respecta a la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, un acuerdo entre la primera y la tercera minoría en la Convención Constituyente bloqueo la posibilidad de modificar lo estipulado en el régimen municipal, por lo cual los municipios bonaerenses no cuentan con la autonomía que garantiza la Constitución Nacional. 

Esta reforma transfirió funciones del Estado Nacional hacia el sector privado (privatizaciones), desreguló la economía, traspaso responsabilidades estatales a instituciones civiles, y descentralizó funciones hacia las provincias, estas hacia gobiernos locales. 

Si bien varía de provincia en provincia, con sus respectivos adelantos y retrocesos, -como plantea Fernando en su artículo, refiriéndose al aumento de funciones de los municipios- en un primer momento los gobiernos locales se concentraron en brindar servicios urbanos. Luego, complementando las prestaciones anteriores, comenzaron a trabajar también sobre la promoción del desarrollo local, en áreas tales como: promoción del desarrollo económico, seguridad, defensa del consumidor, cuidado del medioambiente, protección contra incendios, educación, justicia, desarrollo social, etc. Este aumento de funciones por parte de los gobiernos locales no vino dado solamente por el traspaso de funciones desde Nación y Provincia. También se dio este incremento por las expectativas de la ciudadanía de que el gobierno local satisfaga demandas que antes eran atendidas por los otros niveles del Estado. 

La pregunta que surge inmediatamente es –siendo la cuestión conflictiva fundamental planteada por Vaccaiani- ¿los gobiernos locales poseen la capacidad suficiente para satisfacer las demandas emergentes? 

El paquete de reformas anteriormente descripto, colocó a los gobiernos locales en un lugar protagónico. Tanto por las nuevas funciones que adquirió bajo la idea de la descentralización, como también por la necesidad de dejar de ser un simple prestador de servicios, para convertirse en un actor político central que planifica e implementa estrategias de desarrollo.

Sin embargo, las nuevas funciones que se le asignaron a los gobiernos locales no fueron acompañadas por los recursos presupuestarios requeridos para llevarlas a cabo, con el agravante de que la capacidad de recaudación por medio de tasas municipales es muy baja. Para empeorar este cuadro, el aumento de las transferencias por subsidios realizadas por las provincias desde el tesoro provincial, y de Nación por parte de los Aportes del Tesoro Nacional es “discrecional”. 

Por los motivos anteriormente expuestos, los gobiernos locales deben gestionar asociadamente con actores públicos no estatales y con el sector privado para hacer frente a las nuevas funciones adquiridas y las nuevas demandas que la ciudadanía le exige que satisfaga. Esto abre dos dimensiones. Por un lado, los malabares que deben realizar los gobiernos locales para conseguir fondos y para estirar el presupuesto local. Por otro lado, abre las puertas al fortalecimiento de una democracia participativa. 

Por cuestiones de espacio, sólo voy a desarrollar la segunda dimensión. Sin embargo, de la primera dimensión diré que se debería rever los montos de coparticipación y se debe dar una verdadera autonomía a los municipios bonaerenses, para así poder tener una mayor cantidad de herramientas que les permita aumentar el presupuesto.

En cuanto a la segunda dimensión, es un aspecto totalmente deseable que se pase de una democracia delegativa a una democracia participativa en el ámbito local. Pues, el primer lugar donde los ciudadanos, los vecinos, participan en la política, en la democracia, es en su localidad.

El programa “Auditoría de la Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios” (PAC) puesto en marcha en 2003 por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia busco robustecer la dimensión participativa de la democracia por sobre predilecciones delegativas en el ámbito local, para así fortalecer la democracia y el sentido de pertenencia de los habitantes de las localidades. Este fortalecimiento de la Democracia lleva a que los ciudadanos aprendan a trabajar de manera organizada y a que un mayor número de personas se interese en la cosa pública, más allá de los ciudadanos electos para desempeñar actos de gobierno. 

Así, democráticamente hablando, la fuerza colectiva de los ciudadanos se convierte en Soberanía en cuerpo y sustancia, no solamente por ocupar las calles por reivindicaciones, sino también como comunidad organizada que busca la consecución del Bien Común. Esta búsqueda del Bienestar General produce un poder político en la sociedad civil con la que no todo gobierno de turno se siente a gusto, ya que hay gestiones locales que prefieren no consultar a instituciones civiles; no escuchar a los vecinos; solo brindar asistencia social como “moneda política” a instituciones barriales, merenderos, comedores “que les son afines”; que prefieren tener “diálogo” con fuerzas políticas que no critican la gestión y les hacen el “caldo gordo”, etc.

Esta actitud enfrasca en sí mismas a las cúpulas dirigenciales de la gestión; dejando de lado el Bien Común de la ciudad, e interesándose únicamente por mantener el control del Estado y beneficiar los “propios quioscos”. Por ello, ciertas gestiones locales, casi despóticas, solo muestran el lado oscuro de la reforma del Estado de los ‘90, solo muestran los problemas presupuestarios, de autonomía y de descentralización; y callan rotundamente sobre la dimensión participativa de la democracia. Presentan rendiciones de cuentas inmaculadas en el tribunal de cuenta provincial para “quedar bien” con los niveles superiores del estado; gastan fortunas para vender una imagen excelsa de la gestión en medios de comunicación tradicionales y digitales; mientras que en el mundo real los vecinos más vulnerables quedan postergados y sufriendo.

Claro está que no todas las gestiones locales se comportan de esa manera, negando la dimensión de la democracia participativa que se abrió con la reforma estatal en los ’90. Hay gestiones que en su práctica coinciden con los postulados del PAC, volviendo a la ciudad más democrática, y a la gestión en sí misma más transparente. Por ello, esperamos que estas cuestiones, en ambas dimensiones, sean solucionadas tanto jurídica como políticamente, para que los vecinos de las localidades bonaerenses, del país entero, disfruten de una democracia más fortalecida, y para que se concrete un verdadero Bienestar General.