El Gobierno envió el DNU al Congreso e ingresó por el Senado

El presidente Javier Milei envió al Congreso el mega DNU con desregulaciones y privatizaciones, entre otras medidas económicas, para que sea analizado.

El instrumento anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre a través de la cadena oficial de radio y televisión deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores) que deberán firmar dictamen, pero que aun no está conformada. Si la Bicameral no se expide en el plazo estipulado, las Cámaras se abocarán al "expreso e inmediato tratamiento" del decreto que se trate. Para derogarlo, se requiere su rechazo tanto en Diputados como en Senadores.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente electo Javier Milei junto a su gabinete de ministros y ministras, entró en vigencia el pasado 29 de noviembre. Se trata de una de las medidas fundamentales para su plan de Gobierno, y también una de las más ambiciosas ya que contiene la derogación y modificación de unas 300 leyes. 

La CGT y el amparo de la Justicia

El texto puso en alerta máxima a los sindicatos; la CGT anunció una movilización para el próximo 24 de enero y envío a la Justicia un amparo para que se declare inconstitucional las medidas anunciadas en el DNU.

La Cámara Nacional del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU de desregulación económica, en ese sentido, ordenó frenar la medida "hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo". Sin embargo, el Gobierno rápidamente salió a responder y señaló que apelará al fallo, ya que "contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país".

Un panorama adverso
 

Javier Milei ganó el balotaje con holgura. Sin embargo, la distancia que sacó a su contendiente, Sergio Massa, no se refleja en el Congreso. Es que tras las elecciones generales de octubre, los libertarios quedaron en clara minoría en ambas cámaras: cuentan con 37 diputados, sobre un total de 257, y apenas siete de los 72 legisladores que componen la Cámara alta.

El rechazo entre los legisladores se multiplicó con el correr de las horas. Los que picaron en punta contra la resolución fueron los de Unión por la Patria.

El bloque de senadores que presidente el formoseño José Mayans emitió un comunicado en el que advierte que la vía que eligió el Jefe de Estado para imponer estas medidas "resulta en sí misma una virtual clausura del Congreso y un brutal avasallamiento de las facultades del Parlamento". Aún más intransigentes, sus colegas de la Cámara Baja afirmaron que "las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria".

Entre las filas de Juntos por el Cambio también surgió un amplio repudio a la resolución. Más por la forma que por el contenido. Ocurre que salvo una porción del PRO, que se referencia en Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el bloque Cambio Federal y la UCR se mostraron reacios a acompañar el DNU. Sostienen que una parte de las reformas que planteó el Presidente son positivas, pero insisten en que debe ser el Congreso quien las discuta para su eventual aprobación. Son bloques que se pronunciaron a favor de contribuir a la gobernabilidad. Por lo tanto, decisivos para el destino del Decreto. 

En este marco, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y su homólogo en Diputados, Martín Menem, deben articular acuerdos parlamentarios para evitar lo que sería la primera gran derrota del Gobierno.

La caída del Decreto sería algo inédito: ningún DNU fue invalidado por ambas cámaras. El único antecedente es de 2020, cuando bajo la presidencia de Alberto Fernández, el Senado rechazó un DNU firmado por el ex presidente Mauricio Macri.