Landnort: ¿A quiénes representan los concejales en cuestiones ambientales?

En la sesión del jueves 15 de octubre el proyecto de ordenanza para suspender la habilitación de obra de la empresa LandNort fue rechazada con el voto de los concejales del oficialismo. En la sesión previa del 17 de septiembre los mismos concejales habían votado negativamente para que una empresa (Landnort) pudiera reinstalarse sin resolver el pasivo ambiental en su localización de origen.

De esta manera, desde el ejecutivo y legislativo municipal le cubren las espaldas a la empresa para que continúe con las obras, mientras se tramitan los permisos ambientales ante el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y el ADA (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires). Una vez consumada la instalación, van a poder esgrimir el argumento del mantenimiento de las fuentes de trabajo para continuar la operación comercial y así repetir la historia de contaminación en el camino de El Morejón, como ya ocurrió en el barrio Las Praderas.

La operación fue denunciada el 22/08, como consta en la IPP 18-00-3581-20, que se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 1 Departamental, a cargo de la Dra. Amoretti, y que todavía no ha intervenido en el asunto, posibilitando que la obra avance.

Landnort SA es una empresa de "tercer nivel de contaminación ambiental" (el de mayor nivel), instalada en el año 2000, y habilitada para el procesamiento de residuos especiales y no especiales bajo la modalidad de “landfarming”, en el barrio Las Praderas de Campana.

La tecnología de “landfarming” es la más básica para el tratamiento de este tipo de residuos y se caracteriza por ser la de mayor cantidad de emisiones gaseosas (olores) y líquidas. La instalación de este tipo de plantas requiere:

• Estar ubicada como mínimo a 300 metros del curso/cuerpo de agua más cercano, incluyendo cuerpos transitorios.
• No se puede instalar en aquellos lugares donde existe extracción actual y/o potencial de agua para consumo humano en forma masiva a cualquier población.

De hecho, la planta de Las Praderas, actualmente clausurada y en proceso de resolución de su pasivo ambiental, se encuentra asentada sobre un curso de aguas transitorio que desagua al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en la zona de Otamendi, situación agravada por el incumplimiento del resguardo humano que obliga a “estar alejado a más de 150 metros de las viviendas más cercanas”.

La planta de Las Praderas tiene una profusa historia de clausuras municipales, provinciales, judiciales y multas que comenzaron prácticamente desde el inicio de sus operaciones. En el año 2004 la justicia federal a través del juez Faggionatto Marquez clausuró la planta por presunta infracción a la ley 25.675 por considerar que la empresa tenía altas concentraciones de sustancias peligrosas que se habían incrementado en ese entonces. Luego de sucesivas clausuras y reaperturas como consecuencia de las denuncias constantes de los vecinos, el año pasado el intendente Sebastián Abella dispuso el traslado de la empresa a la zona de El Morejón, en un predio para empresas de tercera categoría pero que no cumple con el distanciamiento de 300 metros de los cursos más cercanos de agua, ya que es una zona baja.

En agosto vecinos de la zona detectaron que se estaban realizando trabajos de movimiento de suelos, lo que motivó la denuncia mencionada más arriba y una solicitud de acceso a la información ambiental fechada el 28/09 que no tiene respuesta por parte del municipio. En dicha solicitud se requiere el acceso al expediente, estudio de impacto ambiental, cumplimiento de resoluciones e información respecto de habilitaciones.

En un principio, desde el municipio manifestaron que la autorización era provincial cuando hasta para la construcción de una vivienda particular se requiere una habilitación municipal. El doble mensaje de los concejales de Juntos por el Cambio ha llegado a tal nivel de hipocresía que, en la reunión de la comisión de ambiente, que se mantuvo con organizaciones ambientales el 30/09, todos se manifestaron en contra de la instalación de la planta de tratamiento de residuos en El Morejón. El concejal Ernesto Meiraldi llegó a decir que, si por él fuera, “echaría a patadas a Landnort de Campana”; quince días después votó en contra de suspender la habilitación municipal de obra preventivamente hasta obtener las habilitaciones de los organismos provinciales.

Este es un caso más que deja en evidencia que, cuando de negocios se trata, el ejecutivo y los concejales oficialistas representan los intereses de las empresas, situación agravada por la mirada distraída de la justicia, aún en cuestiones como la salud de la población y el medio ambiente.

Desde las organizaciones ambientalistas creemos firmemente que la herramienta más potente y disponible en las actuales condiciones es la concientización, movilización y memoria activa de la ciudadanía para defender sus derechos y hacer que los representantes, elegidos por el voto, representen el interés general de los ciudadanos y no de unos pocos, por lo menos hasta la hora de votar nuevamente.

Invitamos a todos los interesados a sumarse a la causa ambiental en Campana.

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Artículo escrito por Fabián Espósito - Integrante de ASAC