Aborto seguro, legal y gratuito: Esta será la vencida

/Por Lic. Constanza Garbocci

El texto presentado que intenta regular la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, busca contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible de mujeres y las personas con capacidad de gestar. Allí se establece su capacidad de decisión y acceso a la interrupción de un embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Quedando exceptuadas de ese plazo quienes su embarazo fuese resultado de una violación, o si estuviese en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.

A su vez, el proyecto prevé el derecho a ejercer la objeción de conciencia por el personal de salud que deba intervenir en la interrupción del embarazo, teniendo que  derivar de buena fe a la paciente para ser atendida de manera oportuna y sin dilataciones. Los profesionales no podrán negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata.

Este texto posee diferencias con el propuesto por la reconocida Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una alianza federal nacida en 2004 con el fin de  recuperar la historia de las luchas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal. Una de ellas es que en el proyecto presentado por el oficialismo, la práctica de interrupción del embarazo debe hacerse en un plazo máximo de 10 días corridos desde su solicitud. Difiriendo a lo expresado en el proyecto de la Campaña Nacional, dado que allí se establece como plazo máximo 5 días corridos y sin mención a la posibilidad de la objeción de conciencia en su texto.

La IVE tiene historia

Venimos de un contexto marcado por años de desigualdad e inequidad histórica entre géneros, donde los cuatro años de gestión del Gobierno de Mauricio Macri (período 2015-2019) profundizaron el ajuste y recortes en los presupuestos destinados a políticas públicas de prevención de la violencia de género y sus programas de protección. A esto se le sumó la negación de derechos ya adquiridos como la implementación del Protocolo Nacional para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una multiplicidad de casos durante esos años. Y a su vez, los conflictos en la puesta en práctica de la Educación Sexual Integral -Ley 26.150/06- producto de la intervención de grupos conservadores y religiosos, que además se negaron en múltiples oportunidades a la legalización del aborto seguro y gratuito.

Argentina posee un largo recorrido en la militancia feminista, el cual es simple de rastrear en los reclamos de cada Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), organizados desde 1986 y que aún hoy sigue reuniendo a miles de mujeres e identidades feminizadas. Sin embargo, es importante resaltar, como dice la periodista de género Luciana Peker, que quienes tienen el poder y toman decisiones sobre políticas públicas en relación a los derechos femeninos siguen siendo -en su mayoría- representantes hombres mayores.

Una de las luchas centrales de los feminismos latinoamericanos y principalmente de Argentina, es este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo -presentado en el Congreso de la Nación Argentina, originalmente en 2007 por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y gratuito-. Luego de seis intentos fallidos[1], la IVE fue tratada por primera vez en el Congreso durante junio del 2018. Allí el proyecto obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados, para luego ser rechazado en el Senado.

En ambas oportunidades, grupos a favor y en contra de la ley se acercaron a las inmediaciones del Congreso Nacional para mantener vigilias a la espera de su votación. El color verde de los pañuelos -en apoyo a esta ley- y los brillos se transformaron en una estética característica del feminismo, perdurando como emblema de un movimiento intergeneracional de nuestro país, junto con otros de Latinoamérica.

En Argentina se estima que se realizan entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año. Esta estimación fue reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015 y fue realizada por las demógrafas S. Mario y A. Pantelides. Las cifras son estimativas por 

tratarse de una práctica clandestina de la cual no se disponen datos precisos, y aunque discutidas por sectores opositores a la legalización, demuestran cómo la penalización del aborto no impide su práctica de manera clandestina. Sólo la hace más peligrosa para cientos de mujeres que por la falta de recursos económicos no pueden acceder a mejores condiciones de salubridad, sufriendo consecuencias irreparables en su salud y sus vidas.

La maternidad debe ser deseada, no impuesta por un sistema de desigualdades que se profundiza día a día negándonos la posibilidad de elegir sobre nuestro propio cuerpo. Es necesario comprender la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto por ser una cuestión de salud pública, un derecho básico de todas las personas. Además, como expresa la Campaña Nacional, de ser sencillamente un acto de justicia social y de defensa de los derechos humanos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Todas las sociedades han cambiado históricamente su organización social, económica y cultural. Sin embargo, la diferenciación en jerarquías, representación y poder entre géneros se ha mantenido sin grandes cambios. Estas desigualdades son las que se manifiestan en las noticias de todos los días con los femicidios o aquellas estadísticas que sencillamente no se nombran por su clandestinidad. Esta inequidad funciona como factor esencial para entender el contexto social y político global, donde las promesas de campaña no solo deben ser cumplidas con presentaciones sino que deben responderse con responsabilidad y compromiso de todos frente a la realidad de miles de mujeres. Por esto seguimos pidiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. 

Que sea ley. 

[1] Las presentaciones anteriores del proyecto de Ley IVE fueron en los años 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016.