La sociedad del riesgo

/ Por Pablo Gallardo - Sociólogo

En el capitalismo tardío, la producción social de riqueza concentrada está acompañada de una increíble producción social de vulneraciones crecientes, toda una galería de riesgos. 
El impacto del Covid 19 en nuestras economías y nuestras vidas ya empieza a desplegar consecuencias nefastas. Las crecientes noticias sobre contaminación y crisis ecológica, violencias e inseguridad urbana, desempleo y flexibilización, deudas y operaciones financieras desregularizadas, completan un cuadro del mundo donde una amenaza multiforme se yergue sobre el frágil cuerpo humano y sobre la vida en general.
Nuestra situación nacional y, particularmente, nuestra inserción en la realidad bonaerense, no escapa, y muchas veces profundiza este diagnóstico. Dentro de nuestra agenda inmediata debemos incluir el escenario de deterioro de los indicadores socio- económicos, acompañado por un creciente proceso de marginalización y desigualación de sectores pobres urbanos, especialmente, los jóvenes. 
Este régimen de marginalidad urbana que se extiende por nuestras barriadas es una fábrica de delito amateur y predatorio. Las deficiencias institucionales de nuestro sistema de seguridad pública  contribuyen a su reproducción ampliada más que a su reducción como problema. Existe una tendencia ascendente en los delitos registrados en los últimos años. En el período 2018-2019, se registraron en el fuero penal y correccional 850.908 delitos (frente a 798.485 del 2017), la cantidad de casos más alta en una década, cuyo promedio nunca superaba 745.000 casos. En los delitos contra las personas, registran un fuerte alza el homicidio en ocasión de robo y abuso sexual con acceso carnal. También se incrementan los delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos.
Pero a pesar de la magnificación mediática sobre la peligrosidad de los jóvenes adolescentes y su impacto en la seguridad urbana, solo el 3% (26.016 casos) sobre el total de los delitos registrados cometidos en la provincia en 2018 (850.908 casos) tienen a menores de 18 años como inculpados. Como vemos, plantear la baja de edad de imputabilidad no es, en principio, una solución penal de calidad, así como el incremento de las penas no cumple ningún papel real en la prevención del delito y la violencia. 
Es necesario asumir, a su vez, la dificultad de registrar el delito organizado (profesional y de cuello blanco) en su intersección con los delitos simples urbanos, la piratería del asfalto y el narcotráfico por ejemplo. El delito organizado tiene consecuencias en el entramado y las manifestaciones de violencia juvenil urbana, problemas de convivencia, lesiones y amenazas, gangs, pandillas, redes familiares. El delito organizado es un miedo invisible y sus peones territoriales y sus consumidores participan de una larga cadena de victimización, cuyo patrón hay que establecer, para poder prevenirlo.
No hay entonces una “clase peligrosa” ni estamos en una “guerra” como el discurso alterofóbico (miedo y rechazo al otro) nos quiere hacer creer.  La conmoción social por el delito y la violencia urbana, nos obliga una vez más a reflexionar en base a datos y evidencias y no en base a estereotipos o estigmas.  No hay que entrar en controversias cuando el objetivo es universal: prevenir y reducir los delitos violentos en el marco de la construcción democrática de la sociedad.
La sociedad del riesgo no es un título alarmista sino una invitación a la reflexividad de los actores sociales.