Se conformó la comisión que redactará el proyecto de reforma judicial

/Por Ricardo Nadir Graciadio

La crisis del poder judicial, sobre todo en el ámbito de la justicia federal, es harto evidente desde hace años. Este poder es quien tiene la función de garantizar el Estado de derecho, resolviendo los conflictos que día tras día se presentan en toda comunidad y asegurando, de esta manera, la vigencia de los derechos.

“Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, expreso  el 1° de marzo el Presidente en momento de su discurso en la apertura de sesiones legislativas.-

Es por ello que el poder ejecutivo nacional ha tomado riendas en el asunto y con el fin de resolver  los problemas –de orden institucional, funcional y cultural– que han provocado una grave crisis de legitimidad del Poder Judicial ha designado una comisión de notables juristas para que realicen las reformas que mas canalicen las necesidades de la gente, optimizando tiempo y recursos humanos-

El grupo de juristas es variado y equilibrado, en género, especialidades y representación provincial. Así como formará parte el penalista y profesor Alberto Beraldi, la Dra. Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado (aunque su pliego no fue votado) para estar al frente de la Procuración General, tras la salida de Alejandra Gils Carbó. También estará el especialista en derecho penal Enrique Bacigalupo, los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el penalista, y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista Marisa Herrera, que se especializa en derecho de familia y participó de la reforma del Código Civil, y tres juezas: Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbdar, de la Corte tucumana y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JuFeJus). Habrá también un miembro de la Corte mendocina, Omar Palermo.

La comisión tendrá un plazo de 90 días para presentar propuestas y el objetivo es que se puedan transformar en proyectos de ley.

El informe de la comisión será enviado por  el poder ejecutivo nacional  al Congreso, mediante un proyecto de ley  que  apunta a una reestructuración profunda y extendida de la justicia federal. 

El trabajo del grupo de expertos tendrá sus primeras conclusiones en tres meses y analizarán temas sujetos a históricas controversias:

* La integración y el funcionamiento de la Corte Suprema. Hoy el alto tribunal tiene cinco miembros, un número controvertido por la concentración de poder que implica, más aún teniendo en cuenta que para poder tomar decisiones tres votos supremos son mayoría suficiente. Un sector de la comunidad jurídica alienta la ampliación de la Corte y su división en salas, cada una con una especialidad (por ejemplo penal, derecho público, derecho privado). Es una propuesta con posibilidades de crecer. También analizarán los asesores el funcionamiento y los alcances del recurso extraordinario ante la Corte, los criterios de admisibilidad y los tiempos de resolución.

* El funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura, organismo que elige y sanciona a los jueces. Hoy tiene 13 miembros, de acuerdo a la última reforma, del año 2006, que todavía tiene un fallo pendiente en la Corte. Se le suele recriminar falta de eficacia y estar signado por manejos políticos. El Consejo tendrá un papel clave ante la futura multiplicación de cargos de jueces y juezas que traería la reforma judicial. También será el tema que promete suscitar más discusiones entre los juristas.

* Sistema acusatorio: el nuevo sistema procesal ya está aprobado por ley pero no se ha implementado; es el que da protagonismo a los fiscales en los procesos penales y que otorga a los jueces papeles de garantes, por lo que dejarían de revisar lo que ellos mismos hacen. El proceso va camino a ser casi completamente oral y tener tiempos más cortos. Todo esto requiere una reestructuración del funcionamiento del ministerio público fiscal, también de la defensa, y de la propia Procuración General.

* Juicio por jurados. Los jurados integrados por ciudadanos comunes ya funcionan en varias provincias para los delitos más graves, como los homicidios. Suelen estar integrados por 12 personas, que se sortean del padrón electoral con ciertos requisitos, que pueden declarar a un acusado “culpable” o “no culpable”. Es un sistema que está establecido en la Constitución Nacional pero nunca se implementó de manera federal.

Los problemas de orden funcional se manifiestan en los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, como la ausencia de un patrocinio gratuito en todos los fueros para quienes lo necesiten, los elevados costos de litigar, el problema de la centralización geográfica, las deficiencias de infraestructura y digitalización, la incapacidad para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente, en plazos y con costos razonables; la lejanía del Poder Judicial respecto de la ciudadanía en general y, en particular, de las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerados.

Más allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse para resolver estos problemas del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo ha demostrado que conoce estos problemas y las reformas que se discuten van en la dirección correcta las reformas a encarar deben promover un servicio de justicia basado en el acceso por formacion, el respeto por la igualdad de genero la proximidad, la transparencia y la eficiencia, con el fin de potenciar las capacidades del sistema para ofrecer soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos, con una mayor sensibilidad por las necesidades de los sectores más vulnerados. Se trata, en definitiva, de garantizar la efectividad de los derechos.

 

Por Ricardo Nadir Graciadio - Abogado