El déficit cero mata

Cecilia Herrera padece un  cáncer de mama y atraviesa la enfermedad por segunda vez. Debería ir por su cuarta quimioterapia y según lo estipulado terminaría su tratamiento en octubre o noviembre. Pero para ello necesita de la medicación Trastuzumab 440, la cual tiene un valor de 20 millones de pesos y debe utilizarla cada veinte días, un costo sin dudas imposible de afrontar para cualquier persona y por ello la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, DADSE, era la encargada de proveerselo. A pesar de que su tratamiento no puede interrumpirse más de diez días, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y el cierre de la institución no sólo se quedó sin la provisión de su medicación sino que tampoco recibió ninguna respuesta oficial.

Una característica del gobierno libertario, tanto en su campaña electoral como desde su asunción el pasado 10 de diciembre, es el descreimiento de lo público y su consecuente cierre o desfinanciamiento. Tal es el caso es la DADSE, dependiente desde febrero del Ministerio de Salud, que debería ocuparse de la entrega de medicación a pacientes oncológicos o con otras enfermedades graves o raras y que no posean cobertura médica, pero desde su asunción, la nueva gestión comenzó a vaciar sus oficinas y discontinuar la entrega de medicamentos a dichos pacientes. De esta manera, miles de personas que dependen de la entrega de sus remedios por parte de este organismo para poder continuar sus tratamientos no están pudiendo hacerlo. Es el caso de Cecilia Herrera.

Esta medida gubernamental, que se tomó con la excusa de realizar una auditoría para regularizar la compra de medicamentos, implica que miles de pacientes vean en riesgo su vida ante la imposibilidad de continuar sus tratamientos. A pesar de que el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, haya negado esta situación diciendo que el organismo no cerró ni se discontinuó la entrega de medicamentos, hay una gran cantidad de casos que demuestran lo contrario. “Este gobierno borró todas esas puertas que nosotros podíamos ir a golpear para reclamar un remedio o asesorarnos sobre la medicación –expresa Herrera–. Lo que está causando este tema es terrible, porque no sabés si mañana vas a tener tu remedio o tu tratamiento. No tenés a quien llamar, no tenés con quién hablar. Lo único que hacés es ir al hospital donde tramitás la medicación para que te atienda una chica y te diga que no vas a tener tu medicación”. Hasta el momento pudo continuar su tratamiento a través de donaciones que recibió de otras personas que pasaron por una situación similar pero que ya no deben utilizar más la medicación. Además de preocuparse por su situación de salud, Cecilia insiste por la incertidumbre que atraviesa y reclama una respuesta por parte del gobierno: “Yo quiero vivir, no pido otra cosa. Y este tipo (Milei) nos está matando”.

Un caso similar es el de Rodolfo Lera, quien sufre melanoma desde marzo del año pasado y vio interrumpido su tratamiento a raíz del recorte efectuado por el Gobierno. Para su tratamiento, que está a mitad de recorrido, debe inyectarse dos ampollas de la medicación Pembrolizumab cada 21 días, las cuales tienen un valor de 18 millones de pesos. Desde diciembre, durante cinco meses Rodolfo no las recibió de la DADSE, sino que también tuvo que recurrir a donaciones para continuar su tratamiento. Recién el pasado 30 de abril recibió tres cajas con dos ampollas cada una, es decir para dos meses. 

Su situación es preocupante ya que también es un tratamiento que no puede ser interrumpido, y es una gran incertidumbre no saber si van a enviar o no desde el Gobierno su medicación. Natalia, su esposa, advierte sobre esta situación: “Está en riesgo la vida de la gente. Estaban jugando con la vida de mi marido. Y si pudo continuar su tratamiento es por la generosidad de muchísima gente. Tengo miedo, me asusta lo que está haciendo este gobierno con lo inhumano que es”.

A la falta de entrega de medicamentos, que pone en peligro el tratamiento y por ende la vida de miles de pacientes, se le suma el cierre de las oficinas donde los enfermos podían reclamar sus medicaciones y asesorarse sobre sus tratamientos, generando así una gran incertidumbre y preocupación. Ante esta situación, muchos se acercaron a distintas organizaciones que asisten a personas oncológicos o con otras enfermedades raras para asesorarse sobre sus trámites y realizar sus reclamos.

Respecto a ello, Alejandra Iglesias, presidenta de Asociación Sostén, que asiste a pacientes oncológicos, advirtió en diálogo con ANCCOM sobre esta problemática.

Según pudieron saber, serían 1.900 los pacientes oncológicos que se encuentran en esta situación y más o menos la misma cantidad de personas que sufren otras enfermedades poco frecuentes y crónicas. Es decir, aproximadamente 4.000 personas se vieron privadas de su derecho al acceso a su medicación para realizar su tratamiento. Además, las estimaciones son que siete pacientes perdieron la vida esperando que llegue su medicación. Sin embargo, advierte que estos son números estimativos, ya que no hay un registro oficial de cuántos son los afectados, ni quiénes son, cómo continúan los casos o si recibieron o no su medicación. “Nosotros lo que fuimos viendo es que cuando hacen las licitaciones están los expedientes, pero no podemos ver el número total y todos los registros. Entiendo que esto se irá registrando de alguna manera y en algún momento nos dirán. Lo ideal primero es que se regularicen las entregas y no vuelva a haber esta falta de suministro”, afirma.

Si bien en gestiones anteriores existían problemas y demoras en la entrega de medicamentos, estos finalmente llegaban y los pacientes podían continuar normalmente con sus tratamientos. Con la asunción del nuevo gobierno se asiste a una situación inédita sobre este tema, donde los pacientes esperan meses, no tienen respuesta alguna y ven peligrar sus vidas. “Es incomprensible. No sé hasta dónde vamos a llegar así y recién inicia la gestión con este corrimiento del Estado. Es una situación de desamparo”, expresa Iglesias. “A la situación de enfermedad, que como la del cáncer avanza, las personas están sufriendo un deterioro en su salud mental, porque están angustiadas, con miedo, están desesperadas. Nos hablan todo el tiempo para saber si hay novedades y para nosotros también es muy frustrante decirles que no”.

Frente a esta situación ya hubo más de 400 amparos individuales en los que reclaman la regularización de los casos. A ello también se suma un amparo colectivo que hicieron seis organizaciones, pidiendo al ministro de Salud que diga quién es la persona a cargo de la DADSE, cuál es su presupuesto, cuál es su procedimiento, y exigiendo que este sea rápido y eficaz.

A pesar de que el gobierno haya emitido un comunicado de prensa indicando que “esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”, miles de casos demuestran lo contrario.

(ANCCOM)